Por Dra. en Arq. Yolanda Fernández Martínez
Pensando con la Ciudad
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Los equipamientos, la generación de nuevas áreas verdes públicas, el diseño y construcción de ciclopistas y nuevas rutas de transporte sustentable, son algunas de las tantas cuestiones pendientes para Mérida; así como la definición de políticas públicas que aporten un desarrollo urbano más equitativo y democrático. En donde la justicia social se teja con la justicia espacial para tener escenarios urbanos competitivos a largo plazo y con alta empatía social. El lema de Curitiba es el siguiente: “Aquí el progreso anda en autobús”. ¿Cuál será el lema para Mérida?
Iniciamos una nueva administración municipal con los grandes retos y desafios que lo que cada tres años representa para redireccionar y retomar el “nuevo” rumbo del municipio. Según el documento del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) “El municipio: una institución diseñada para el fracaso (Índice de competitividad urbana 2012)”, precisa que una de las principales deficiencias de la administracion municipal radica en los cortos periodos de gobierno en los cuales no hay continuidad, debido a que cada tres años cambia todo por no existir la posibilidad de la reelección. Sin embargo, a pesar de la reforma electoral de 2014 que permitió a los alcaldes y diputados locales reelegirse para darle continuidad a sus planes y proyectos, así como para resolver y mejorar aquellos delicados y temas pendientes, en las pasadas elecciones se optó por continuar con el modelo que fractura los procesos administrativos, urbanos y sociales del municipio.
Además, tenemos otros dos temas que son de suma importancia para superar y trascender las decisiones que son de alto contenido urbano y social con visión a largo plazo, pero que terminan siendo de alcance meramente político. El primero tiene que ver con la obligatoriedad de la planeación del territorio y el segundo con la obligatoriedad también, de vincular el ejercicio de los recursos públicos con las estrategias derivadas del instrumento de planeación urbana. Estas dos cuestiones son relevantes en nuestro país, toda vez que la planeación urbana no es obligatoria y la planeación de los recursos tiene un fin meramente recaudatorio y nada relacionado con la posibilidad de planear el financiamiento urbano y de las grandes infraestructuras y equipamientos que la ciudad demanda día con día, muchas veces como consecuencia de nuevas autorizaciones de usos de suelo que desajustan el funcionamiento y la eficiencia urbana en determinados sectores de la ciudad.
Tan es así que, en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán (1995) se establece la obligatoriedad de que la autoridad municipal otorgue una licencia de uso de suelo a cualquier nueva actividad en su territorio, pero no establece la obligatoriedad de que cada municipio cuente con el instrumento de planeación correspondiente para otorgar dicha licencia. Tampoco establece que cada nueva administración deba de realizar su plan municipal de desarrollo con base a las necesidades del territorio, las cuales debieron haber emanado del mismo documento de planeación territorial. Es así como tenemos que de los 106 municipios que tiene el Estado, si al menos 10 cuentan con sus Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) vigentes, entonces aproximadamente el 90% del territorio emite sus licencias de uso de suelo sin algún instrumento de planeación territorial. Lo cual nos refleja que el ejercicio de planeación el territorio es estrictamente recaudatorio, sin tener en cuenta las consecuencias urbanísticas de tales decisiones.
Para el caso de Mérida, que ya tiene un largo camino andado en la generación de Programas de Desarrollo Urbano tanto a escala municipal como parciales, aún carece de un monitoreo preciso y consistente sobre el seguimiento del cumplimiento de las estrategias y más aún, de la instrumentación de todas y cada una de ellas. Para ello es relevante el caso de Curitiba, Brasil, en donde desde 1965 se creó el Instituto de Investigación y Planificación Urbana (IPPUC), con el cual se logró que la planeación del territorio sea obligatoria y, por si fuera poco, la planeación del ejercicio fiscal se debe de ajustar a los requerimientos establecidos en la planeación urbana para el corto, mediano y largo plazo. Esto significa que no tiene relevancia alguna quien sea el alcalde, toda vez que por obligatoriedad deberá de cumplir con un plan estratégico urbano realizado por especialistas y bajo el monitoreo ciudadano, y a su vez, la planeación de los recursos deberá de sustentarse precisamente en las necesidades de la población y de lo planeado en el territorio.
Visto de esta manera, en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida 2017 en su nivel instrumental establece las necesidades sobre la dotación de equipamientos, infraestructuras y servicios para el corto, mediano, y largo plazo, las cuales deberían ser el eje rector en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 así como el definir sus estrategias para el financiamiento de cada una de ellas. De lo contrario, cada tres años se estarán planeando las estrategias de lo que cada gobierno municipal determine, sin estar vinculadas a la planeación urbana a largo plazo, y sobre todo, a la definición de proyectos de largo alcance, así como de su financiamiento. Los equipamientos, la generación de nuevas áreas verdes públicas, el diseño y construcción de ciclopistas y nuevas rutas de transporte sustentable, son algunas de las tantas cuestiones pendientes para Mérida; así como la definición de políticas públicas que aporten un desarrollo urbano más equitativo y democrático. En donde la justicia social se teja con la justicia espacial para tener escenarios urbanos competitivos a largo plazo y con alta empatía social. El lema de Curitiba es el siguiente: “Aquí el progreso anda en autobús”. ¿Cuál será el lema para Mérida?