El ex contralor del Estado Miguel Fernández Vargas afirmó ayer que, “tal como hicimos durante el proceso de transición y de entrega-recepción, seremos respetuosos de los procesos legales que la actual administración y autoridades consideren pertinentes y también actuaremos, como lo hemos hecho siempre, con total transparencia y precisión”.
Al señalar que responderán a los citatorios de las autoridades luego de que la Contralora Lizbeth Basto Avilés dijo que se presentaron 31 denuncias por inconsistencias, declaró que “pondremos por delante nuestro prestigio personal y profesional”.
“Porque queremos que Yucatán se siga desarrollando en armonía, que le vaya bien, ante los procedimientos legales emprendidos por el Gobierno del Estado, para quienes formamos parte de la administración 2012-2018 nos queda claro que debe prevalecer ante todo la verdad y el estricto respeto a la ley”, expresó.
Señaló que, “como todo proceso institucional derivado de una transición gubernamental, todo acto en la administración pública tiene procedimientos específicos a seguir, que deben mantenerse al margen de cualquier sesgo mediático o político”.
Expresó que, por ello, “como funcionarios de la anterior administración, participaremos en dichos procesos con la certeza de haber actuado bien y de haber cumplido con nuestro trabajo de acuerdo con las normas correspondientes y con plena confianza hacia las autoridades competentes”.
“Así lo demostramos en los seis años de nuestra administración, siempre actuamos de manera responsable, seria y ordenada. Los recursos públicos se ejercieron correctamente y en forma transparente”, indicó.
Buena calificación
Por tal razón, recordó que la Auditoría Superior de la Federación, el máximo órgano fiscalizador del país, que se ha distinguido por su imparcialidad y profesionalismo, calificó a Yucatán dentro de los Estados con el mejor desempeño en el ejercicio del gasto público federal.
“Y en seis años logramos ser el cuarto Estado con mayor avance en el índice de transparencia presupuestal medido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)”, anotó.
“Esto quiere decir que las instituciones públicas y privadas más serias del país evaluaron positivamente a nuestra administración”, afirmó.
Finalmente sostuvo que, “como funcionarios públicos, siempre actuamos con apego a la ley. Hoy, como ciudadanos, reiteramos esa convicción”.
(Rafael Gómez Chi)