Antonio Luis Betancourt Sánchez, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 con sede en Mérida, señaló ayer que las demandas relacionadas con el ejido de Chuburná, que afectan a los vecinos de la colonia Vista Alegre y del Fraccionamiento del Arco, se tratan conforme a derecho, con independencia y con imparcialidad.
Señalamos en su momento que el ejido de Chuburná ha presentado hasta ahora 120 demandas que corresponden a igual número de predios de los citados asentamientos y que, según la demanda, pertenecen a los ejidatarios, quienes piden la restitución de tierras o, en su caso, la indemnización correspondiente que se ha tasado en 200 pesos por metro cuadrado.
Sigilo judicial
Sobre el particular, el magistrado dijo ayer que no podía dar detalles de las diferentes demandas y de este caso en particular, debido al sigilo judicial.
“Por el sigilo judicial hay algunos asuntos de los que no podemos dar una versión pública, somos un Tribunal con plena jurisdicción e independencia y nosotros hemos actuado conforme a derecho. Se han llevado a cabo los procedimientos acordes con las pruebas que han presentado y se han llevado a cabo las pruebas periciales”, comentó.
Dijo que se trata de un asunto que ya tiene muchos años y que ahora el Tribunal ha sacado ya la primera sentencia, pero se trata de demandas que tienen que ver con lotes independientes. En este sentido, señaló que cada una de las partes tiene su opinión y punto de vista de acuerdo a sus intereses.
Claras y públicas
“Uno dice una cosa y el otro algo diferente, pero nosotros tenemos la obligación de ser imparciales, objetivos y sacar sentencias con independencia, pero siempre apegado a derecho. Todo se está haciendo con base en la objetividad, imparcialidad y conforme a derecho, pues además tenemos un código de ética judicial y nuestras audiencias son claras y públicas”, dijo.
Añadió que, por desgracia, en el asunto se ha mezclado “cierto ingrediente social y político, y se pierde la noción de que es un procedimiento jurisdiccional conforme a derecho”.
Por lo anterior, dijo que las partes han pretendido presionar ahora por los medios de comunicación, con cuestiones políticas o acercándose a la “gente de arriba”, lo que dijo no es válido.
“Nosotros nos hemos mantenido congruentes a lo que es el derecho para llegar a la justicia”, insistió.
Dijo que estas demandas se han sumado a la carga de trabajo que tiene el Tribunal, pues cerró el 2018 con mil 820 asuntos pendientes, pues allí sólo trabajan 20 personas.
Informó que, de 1992 a la fecha, ese Tribunal ha conocido 24 mil 341 asuntos y ha resuelto 23 mil 23.
Mafia inmobiliaria
Sobre las acusaciones de irregularidades en el procedimiento y de que existe incluso una “mafia inmobiliaria”, expresó:
“Hablan de una ‘mafia inmobiliaria’ y meten al Tribunal y yo no entiendo la situación, porque aquí lo que tenemos es que la mayoría de los terrenos eran ejidales y se regían por el derecho agrario, y en algún momento se fue desarrollando la ciudad de manera irregular y mucha gente aprovechó esa situación y ocupó terrenos que pertenecían al ejido”.
“Los ejidos en mucho tiempo no actuaron, porque no sabían o porque abusaron de ellos con contratos leoninos y con situaciones que no favorecían al campesino; al pasar los años, ahora esos terrenos valen pequeñas fortunas para los ejidatarios y nunca hicieron valer sus derechos”, explicó.
Además, dijo que en muchos casos los ejidatarios fueron abusados por abogados, “representantes” de ejidos o por inmobiliarias que compraron terrenos donde no tenían que comprar; resaltó que en este aspecto Yucatán es un Estado “ejemplar” en cuanto a los abusos que se han cometido.
Admitió, sin embargo, que también hay vecinos afectados que compraron de buena fe y tienen derechos adquiridos, por lo que se observa esa situación, pero de lo que se trata es de que “hay que determinar si es un terreno de propiedad privada o de propiedad social y ese es el problema”.
Acuerdo anticipados
Dijo que, por lo que toca a estas demandas, existe la posibilidad de llegar a acuerdos anticipados, pero son independientes del Tribunal y “ellos pueden llegar a un acuerdo y se les da esa oportunidad, pero a pesar de todo ello tenemos que calificar si el convenio es acorde a la ley y, si no, seguimos con el proceso”.
El reportero preguntó si se toman en cuenta los derechos adquiridos de los vecinos, quienes compraron sus tierras hace más de 40 años, pagaron predial, créditos bancarios e incluso tienen escrituras, a lo que respondió con esta pregunta:
—“¿Si tú mataste a una persona, con el paso del tiempo la dejaste de matar?”
Dijo que el mismo caso aplica si alguien se metió a una casa que no era suya, que la ley contempla el tiempo que ésta se ha habitado, pero finalmente se trata de una propiedad que no es suya y eso se tiene que evaluar.
El magistrado señaló que el análisis de estos casos continuará y dijo que “no nos podemos adelantar, aunque la gente tiene sus intereses”.
Medios de impugnación
Además, las partes también tienen a su disposición los medios de impugnación, porque lo que resuelva el Tribunal en cuestión no es la última palabra.
“Pueden ir al Tribunal Superior Agrario los que vienen por la restitución o ir al amparo. Todavía en el Tribunal nos revisarán la sentencia, es un medio de impugnación, pero estamos conforme a derecho y con conciencia de lo que estamos haciendo, es un acto jurídico que reúne las características de calidad”, externó.
Sobre la resolución que, según han dicho los ejidatarios, se dio en el 2016 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida la propiedad de las tierras, el magistrado opinó:
“Hablar así de cuestiones jurídicas en general es muy difícil, porque cada asunto tiene una particularidad, aunque parezca que son iguales; en todos los años que llevo me he dado cuenta que todos los asuntos tienen una variante y otra situación, y algunos presentan una excepción”.
Finalmente indicó que cada parte “cuenta con los medios de ley con los que me van a demostrar; cada quien dice una cosa, pero con medios de prueba deben demostrar si tienes la razón y yo se las voy a dar conforme a derecho”.
(David Rico)