Juan R. Manzanilla Dorantes
La Reforma Neoliberal de la Educación cobró relevancia desde 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y de las escuelas Normales, firmado el 18 de mayo de 1992. Esta reforma fue haciéndose más criticada en la medida en que se fueron desarrollando los cambios con los gobiernos neoliberales, y alcanzó un punto de algidez con Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño Mayer. Teniendo, después un nuevo alcance y orientación, con la propuesta de su derogación, al ser electo como presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma neoliberal educativa fue propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que sustituyó a la concepción educativa y a la escuela del entonces Estado Benefactor, surgido de la Revolución Social Mexicana de 1910 y consolidadas por Lázaro Cárdenas del Río, quien le dio inicio con “La educación socialista” que, luego de diversos cambios que se fueron realizando por los siguientes gobiernos, bajo el pensamiento de derecha, se dejó de lado el carácter social y humano del sistema educativo.
Peña Nieto, modificó el artículo 3º. Constitucional, reformó la Ley General de Educación, creó la Ley General de Profesionalización Docente y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Se responsabilizó al profesor de los males del sistema educativo. La reforma fue laboral más que pedagógica, puso como centro de atención y de la mejora de la educación a la evaluación, que se sobrevaloró. Esto llevó a la paulatina privatización de la educación y a la formación de mano de obra barata para las escuelas privadas, con salarios miserables para los nuevos maestros y sin las prestaciones que hasta ahora tienen los profesores de base del sistema público.
Con la Reforma a-Nuño se afectó la incorporación, la permanencia, la promoción y el reconocimiento social del profesorado. Los maestros con esta reforma se vieron afectados en su seguridad laboral sobre todo en el punto de la “permanencia” al poner como condición a ésta la evaluación continua, una vez cuando menos cada cuatro años (evaluación punitiva no para la mejora).
La oposición a esta reforma educativa no sólo fue de los profesores, sino de sectores importantes de la sociedad mexicana; sin embargo, nada contra ella se pudo. Ahora con el nuevo gobierno electo hay dos perspectivas: La primera fue el compromiso del presidente electo y la otra fueron los resultados de los foros.
La primera fue el compromiso político de derogar la reforma Peña-Nuño que; hizo antes, durante y después de la campaña electoral, en algún momento dijo; “va para atrás”, el art. 3º se modifica, desaparece la Ley General de Profesionalización Docente y la ley del INEE. Fue un compromiso en específico con el magisterio nacional, que buenos o malos los profesores del SNTE o de la CNTE fueron y son afectados por igual. El nuevo Presidente de México, en su discurso en la Cámara de Diputados del 1 de diciembre, ratificó su posición y dijo:
“Hoy presento formalmente este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la Constitución, para establecer el ESTADO DE BIENESTAR, y garantizar el derecho al pueblo a la salud, la educación y la seguridad pública… Se cancelará la mal llamada reforma educativa”. (Por Esto! 2/XII/18).
López Obrador tendrá las atribuciones constitucionales para realizar su cometido, además de tener la mayoría en ambas cámaras para hacerlo. La derogación de la reforma laboral Peña-Nuño y la estructuración de un nuevo “Plan de Educación” se dan en el contexto de la crítica al neoliberalismo y a la corrupción que convirtieron al país en una fábrica de pobres, en un lugar inseguro y que la hundieron en una política antinacionalista con el “Pacto por México”.
El objetivo de los “Foros”, que se realizaron en los estados del país, no era la derogación, sino el nuevo Plan de Educación (Había cuatro puntos generales), el Presidente entonces electo era enfático en que la reforma de Peña se iba para atrás y que habría una reforma pedagógica. Otros puntos, que se trataron en los foros, son el de los salarios y el de la capacitación de los profesores. Sin embargo, habría que revisar muy bien las propuestas del foro y buscar las directrices de qué tipo de hombre debemos de formar, qué modelo educativo debe de surgir que combata al pragmatismo, a la educación instrumentalista y Neoliberal que fomenta el individualismo y, definir cuál es la nueva función del profesor que debe de prevalecer para forjar una nueva sociedad solidaria, crítica, reflexiva, creativa y que promueva el Bienestar Social, que fomente el respeto, desarrolle acciones de reconocimiento positivas y de aceptación hacia la diferencia, hacia la diversidad cultural regional y ambiental, que fomente en la conciencia de los estudiantes la construcción de una nación democrática y participativa, igualitaria, justa y equitativa, esto es construir un nuevo modelo curricular donde lo técnico sea muy importante pero ligado a una concepción humanista, al arte, lo social y sea crítica.
Los foros fueron un gran esfuerzo de gente convencida de que la sociedad debe de participar en los asuntos que le conciernen. El reto, en un futuro inmediato, es retomar experiencias que a lo largo de su historia el magisterio mexicano ha forjado, una tradición que debe ser retomada. Desde principios del siglo XIX y principios del XX en las que se dieron reuniones nacionales de maestros, sin haber un sistema educativo, los acuerdos los llevaban a los estados por sus representantes y través de congresos estatales se validaban y se ponían en práctica. Hay gentes que se opusieron por diversas razones a los Foros, pero desde una perspectiva crítica espero que el tiempo muestre su equivocación, pues todo es perfectible y probablemente hayan otras reuniones nacionales para movilizar con nuevos enfoques pedagógicos al magisterio nacional que lleven a la creatividad de los estudiantes, así como a la transformación de la escuela y se busquen reuniones de abajo hacia arriba. De esta manera la evaluación integral para mejorar (no para sancionar) y las innovaciones curriculares deberán tener cierta frecuencia y serán entonces proyectos legítimos y legales. La reforma por tanto debe de ser de fondo que rompa con los cimientos neoliberales que hoy la sostienen y fortalezcan el Estado de Bienestar.