Jorge A. Franco Cáceres
¿Qué es la pobreza urbana para el IMPLAN y el PMDUM del Ayuntamiento de Mérida? ¿Es una simpleza tecnocrática de carencias materiales o un fenómeno estructural con graves consecuencias sociales y humanas?
¿Es una situación creada que solo limita el desarrollo de las personas con déficits crónicos o una realidad resultante de una economía mercantil que reproduce condiciones de vulnerabilidad social y desamparo humano?
Nadie sabe cuál es la invectiva oficial sobre la pobreza urbana del Ayuntamiento de Mérida, menos qué fenómenos dispone como sus causas desde el IMPLAN y cuáles admite como sus consecuencias desde el PMDUM. A decir verdad, todo se presenta como si nada sucediera en las dependencias municipales cuando de pobreza se trata.
Ningún instituto o programa municipales plantea cómo una persona, una familia o un vecindario permanecen durante décadas en la pobreza urbana. Tampoco reconocen qué factores hacen que ellos sigan así o puedan salir con o sin algún respaldo. Menos plantean por qué no logran adoptar objetivos para la superación de la pobreza e implementar acciones que avancen hacia ellos. Por estas razones, no es extraño que los reclamos municipales de recursos públicos, no reciban respuestas positivas del Gobierno Federal.
Un enfoque cualitativo del Ayuntamiento de Mérida a la situación social y humana de las personas vulnerables o desamparadas, ayudaría para comenzar a subsanar la retórica cuantitativa de la pobreza urbana como argumento de carencias materiales. Permitiría avanzar en las consideraciones sustantivas de variables que son claves porque producen procesos sostenidos de pobreza urbana.
Lejos de tal enfoque, en IMPLAN y el PMDUM permanecen absortos en esquemas rebasados de medición de la pobreza urbana, correspondientes a índices tecnocráticos cada vez más anquilosados y repudiados. Se trata de esos términos prejuiciados en la línea de pobreza según el criterio elitista que considera pobres a aquellas personas que tienen hogares con ingresos per cápita, que son insuficientes para mantener estándares mínimos de consumo.
No han sido capaces en el Ayuntamiento de Mérida de acceder ni siquiera a ese otro criterio tecnocrático que considera a las necesidades básicas insatisfechas como deficiencias crónicas en términos de salud, educación, vivienda y servicios básicos. Y menos han intentado métodos que combinen los dos criterios señalados, identificando la naturaleza de la pobreza como estructural y coyuntural. La incapacidad deliberativa y la arbitrariedad operativa han sido comunes en las dependencias municipales.
Premios de agencias privadas y reconocimientos de organismos globales, no han servido para que el Ayuntamiento de Mérida asuma que el concepto de pobreza urbana ha experimentado avances que plantean nuevos enfoques sobre sus determinantes y sus consecuencias. Y que sirven como soportes a formulaciones teóricas de nuevas políticas publicas y programas sociales. Entre las nuevas tendencias, pueden destacarse varias que han sido
completamente ignoradas desde el IMPLAN y el PMDUM. Son las correspondientes a la seguridad humana, la exclusión social y la vulnerabilidad urbana.
Para ilustrar a los encargados de estas instancias del Ayuntamiento de Mérida, debemos decir que la seguridad humana se inscribe dentro del enfoque multidimensional de la pobreza, asumiendo que la pobreza adquiere connotaciones de problema de seguridad al producir fragmentación social, y la delincuencia, a su vez, crea un problema que genera pobreza.
Por otro lado, tenemos que la exclusión social considera que algunos individuos permanecen por fuera de los procesos de desarrollo, como reflejo de la incapacidad de integración del modelo social vigente. Mientras los métodos de medición de la pobreza tienen un carácter transversal, este concepto enfatiza la existencia de procesos que funcionan como determinantes dinámicos de la exclusión.
Finalmente, tenemos la vulnerabilidad urbana que se orienta hacia la noción de riesgo diferencial, analizando la continua exposición al riesgo y la capacidad de enfrentarlo a largo plazo, cuando esta situación se haga manifiesta mediante choques continuos en las personas o en los hogares.
No cabe duda que el Ayuntamiento de Mérida desperdicia recursos públicos en el INPLAN y el PMDUM desde sus esquemas inoperantes y anquilosados, pues ninguno procede de acuerdo con las nuevas perspectivas que enfrenten la realidad de la pobreza urbana y que generen alternativas viables.