Por fin se llegó a la audiencia final del juicio que inició la defensora de derechos de las mujeres, Dra. Sandra Peniche Quintal, después de que un ataque puso en riesgo su vida el 13 de marzo de 2018.
A las 11 de la mañana de ayer, tanto la Fiscalía como la asesoría de la víctima solicitaron la penalidad más alta de lesiones calificadas, delito por el que un día antes habían declarado culpable a su atacante.
Por su parte, la defensa pidió que en lugar de una pena de prisión se le impusiera una sanción pecuniaria, pues su representado ha estado internado en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán desde el día de la agresión; además, señaló en la audiencia que el sentenciado le había comentado que se comprometía a portarse bien, conseguir un trabajo y pagar, en su caso, la sanción establecida.
Después de un receso, el Tribunal de enjuiciamiento dictó su veredicto final por unanimidad: sentenció a la persona que puso en riesgo la vida de la Dra. Sandra Peniche Quintal a una pena de 5 meses y un día de prisión y 28 horas de trabajo; se tuvo por cumplida la pena de prisión puesto que desde hace un año 7 meses que el sujeto está recluido en el Psiquiátrico. El tribunal también determinó enviar oficios a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y al Hospital Psiquiátrico para que permanezcan atentos hasta que quede firme la sentencia o bien hasta que alguien decida hacerse cargo del agresor. El tribunal no fijó un pago para la reparación del daño porque no se acreditó con documental a cuánto ascendía la cantidad económica que derivó de las lesiones producidas. Se precisó que el monto de la reparación del daño moral se determinaría hasta la ejecución de la sentencia. Se exhortó al sentenciado a que no vuelva a delinquir y se le prohibió acercarse a la doctora, a su domicilio y lugar de trabajo durante 3 años.
Si nos preguntáramos qué esperaríamos que pasara si alguien pusiera en riesgo nuestra vida, con mucha seguridad, dentro del crisol de escenarios, buscaríamos que quien fuera responsable recibiera una sanción y que esa sanción no sólo le diera un mensaje al agresor sino que diera un mensaje social de no tolerancia a la violencia. Una sanción ejemplar buscaría no sólo el “castigo” al agresor sino la reparación integral a la víctima, buscaría devolverle estabilidad, decirle que su vida lo vale todo y que por eso el Estado está dispuesto a utilizar todo su aparato institucional para protegerla.
En México, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, el 93.2% de la víctimas de algún delito no presentaron alguna denuncia ni pusieron en aviso a alguna autoridad por lo que les pasó; entre las respuestas que destacan del por qué no denunciaron, resaltan que las personas piensan que pierden el tiempo cuando acuden a la autoridad, que creen que no se les hará caso o que no se les va a creer y que no confían en las autoridades estatales. La cifra es escandalosa porque esto significa que inclusive las cifras de incidencia delictiva de los distintos censos como INEGI o los datos del Secretariado Ejecutivo sólo abarcan al 6.8% de la población que sí presentó alguna denuncia. El resto de las personas permanecen en el trasiego de la impunidad.
El caso de la Dra. Sandra Peniche ejemplifica por qué las víctimas no denuncian, no creen en las autoridades, no confían en ellas y concluyen que será una pérdida de tiempo. Lo ejemplifica porque ante la exigencia de justicia se responde con arbitrariedad, se pierde la confianza de que algo pase y algo cambie. A partir de este escenario, la justicia se traduce en un montaje construido por el Estado que busca cambiarles la realidad a las víctimas, que se convenzan de una historia que no es la suya y de que se conformen con lo que ellos creen que les corresponde después de que alguien vulneró sus derechos.
El caso de la Dra. Sandra Peniche Quintal no debe repetirse.