El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) es un ejemplo claro del desorden en las finanzas públicas que se heredaron de las pasadas administraciones; está prácticamente en quiebra y con graves problemas a corto plazo, ocasionados en gran medida por las propias autoridades estatales.
En años anteriores, partidos políticos y organizaciones de la sociedad denunciaron que el ISSTEY era la “caja chica” del Gobierno del Estado, ya que las cuotas que se descontaban a los trabajadores no se entregaban a la Institución, sino que eran manejadas, en ocasiones, discrecionalmente.
En la administración de Ivonne Ortega Pacheco, el Partido Acción Nacional denunció que hubo millonarios desvíos de fondos que se descontaron, pero que no se entregaron a la Institución.
De hecho, el ex gobernador Rolando Zapata Bello, para saldar la deuda que dejó la anterior administración al ISSTEY, traspasó unas tres mil hectáreas de tierra de Ucú al Fideicomiso del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán, hecho que los diputados panistas de la LX Legislatura votaron en contra.
Prolongada agonía
Ahora, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General, la institución atraviesa por inviabilidad financiera y se avizora que, en el 2020, ya no podrá cumplir sus compromisos a menos que venda sus activos, pero aún así esto únicamente le permitiría prolongar su agonía hasta el 2024.
Desde administraciones anteriores se adeudan al ISSTEY 2,081 millones de pesos, por cuotas descontadas a los trabajadores y no transferidas al Instituto. Para hacer frente a esa deuda, recordaron, el gobierno anterior creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú para liquidar el compromiso con la venta de las tierras. Sin embargo, nunca se vendieron las tierras y el adeudo sigue igual.
Anteayer, el Gobierno del Estado envió un comunicado en el que se informa que, como una medida para asegurar el pago sostenible de las pensiones, se envió una iniciativa al Congreso para modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado.
Esta norma en Yucatán había estado rezagada, pues la mayoría de las Entidades Federativas también habían aplicado la Norma Federal. Gran parte de las leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
La iniciativa para modernizar la ley yucateca y homologarla a la de la mayoría de los Estados y la federal fue presentada al Congreso estatal el 19 de agosto del 2019. Sin embargo, se enviaría de nuevo, con actualizaciones, ya que un mes después, el 20 de septiembre del 2019, se publicó la jurisprudencia 2020651, que modifica precisamente medidas de cálculos para pensiones.
Esfuerzos necesarios
En el comunicado, el gobierno estatal indicó que la actual administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. “Todos los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado”, dijo.
Pero ahora los especialistas señalan que el gran problema del ISSSTEY no es la deuda del gobierno, sino su inviabilidad financiera. Si vendiera todos sus activos –la reserva de Ucú, el hotel de Progreso, las tiendas, sus edificios, etcétera– le alcanzarán los recursos para hacer frente a sus compromisos hasta el año 2024, de acuerdo con el último estudio actuarial de su situación, que tendrá que ser actualizado.
De acuerdo con estos estudios actuariales, si no se vende nada, en el 2020 ya no tendrá dinero para cumplir esos compromisos. Esto es un riesgo tremendo para las finanzas públicas que se debió atender o empezar a resolver desde hace tiempo, porque era un problema previsible hace ocho o diez años.
Aumento de jubilados
Los datos recabados por el reportero indican que del 2015 al 2017 hubo un aumento de más del 33% en el número de jubilados. Cada mes se jubilaron 60 personas, en promedio. A lo anterior se suma otro problema como lo es el de las jubilaciones anticipadas de quienes no cumplen los requisitos, ni la edad ni los años de trabajo.
En contraste, los principales ingresos de la Institución son las cuotas. Los demás provienen de la venta de bienes y servicios, lo que venden las tiendas, del hotel en la playa y algunas guarderías. El principal egreso son las jubilaciones. Lo que entra de cuotas no alcanza para cubrir el pasivo laboral y se tiene que tomar del dinero en los bancos.
Los cálculos hechos por la Secretaría de Administración y Finanzas indican que el dinero en bancos se irá gastando y, una vez que se agote, en el 2020 el ISSTEY tendrá que empezar a vender activos.
Hay que recordar que, en octubre del 2013, el PAN denunció ante la Contraloría del Estado al Secretario de Administración y Finanzas, Roberto Rodríguez Asaf, y a Ulises Carrillo Cabrera, director del ISSTEY por desvío de recursos en dicha institución.
Con base en datos obtenidos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado (UNAIPE), encontraron un “evidente desvío de recursos en el dinero destinado al pago de cuotas y aportaciones de seguridad al ISSTEY”.
Denuncias
El PAN Yucatán señaló que ese dinero fue desviado a otro rubro que no era el que marcaba la ley, por tanto, había responsabilidad de parte de los titulares de este organismo y también de quien por orden del Gobernador vigila la aplicación de los recursos del Estado.
Al 30 de enero del 2013 la deuda al ISSTEY ascendía a 953 mil 323.16 pesos, pero cerró con más de dos mil millones en la administración anterior.
Cabe recordar que el actual Gobernador Mauricio Vila Dosal, siendo diputado local por el IV Distrito, realizó en la tribuna del Congreso del Estado numerosos señalamientos al respecto de las irregularidades del ISSTEY, como la desaparición de los Cendis, el cierre de tiendas y los despidos de educadoras.
(Rafael Gómez Chi)