Aprueban modificaciones a Ley de Educación del Estado

Diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología aprobaron ayer por unanimidad modificaciones a la Ley de Educación del Estado en materia de educación digital promovida por Paulina Viana Gómez (PAN), así como de educación emocional, suscrita por la fracción de Movimiento Ciudadano.

Referente a la educación digital, propone crear una cultura de aprendizaje digital, que Paulina Viana definió como un pensamiento crítico y uso responsable de las nuevas tecnologías de la información, con un trabajo coadyuvante entre padres de familia y docentes.

En relación con la educación emocional, se establecen mecanismos para el desarrollo de habilidades, así como potenciar la competencia emocional en un ámbito personal y social.

De la misma manera, los miembros del cuerpo colegiado avalaron por unanimidad el Reconocimiento a la Excelencia Docente, para lo cual se debe integrar una Comisión de Postulación cada mes de marzo para lanzar la convocatoria y designar a una o un recipiendario antes del 15 de abril, a fin de otorgar ese galardón en mayo, en el marco del Día del Maestro.

Presupuesto

En la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por mayoría las modificaciones a la Ley de Ingresos de Tixkokob, para autorizar a su Ayuntamiento la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios mediante transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en beneficio del municipio; al igual que cambios a la Ley de Hacienda de Progreso a fin de lograr una mejor captación del impuesto predial.

En la sesión del cuerpo colegiado continuó el análisis de la iniciativa por la que se autoriza al Poder Ejecutivo y a los Municipios del Estado a contratar uno o varios financiamientos que se destinarán a inversiones públicas productivas, así como afectar como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Milagros Romero Bastarrachea (MC) solicitó que la Secretaría General verifique la viabilidad para facultar al Gobierno del Estado para llevar a cabo esta medida, al igual que se considere la capacidad de deuda por parte de los municipios.

Rosa Díaz Lizama (PAN) respondió que la ley faculta al Ayuntamiento que lo requiera a obtener la deuda por medio de una sesión de Cabildo y con la autorización del Congreso del Estado, por lo que el Ejecutivo estatal sólo fungiría como aval.

El presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), agregó que la iniciativa sólo establece que se necesita un acta de la aprobación de la sesión del Cabildo y la solicitud de la modificación a la Ley de Ingresos del municipio correspondiente, con el compromiso establecido de saldar la deuda antes de concluir cada administración en el 2021.

Delitos informáticos

En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la diputada del PAN Rosa Díaz Lizama urgió al presidente del cuerpo colegiado, Luis Borjas Romero (PRI), para agilizar el proyecto de dictamen de la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de delitos informáticos, porque propone sanciones para quienes utilicen las tecnologías de la información de manera mal intencionada, como fue el reciente caso en una Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán.

“No hay mejor momento o más óptimo para actualizar nuestro marco jurídico en la materia”, recalcó.

Sobre el mismo tema, Karla Franco Blanco (PRI) presentó propuestas y observaciones en materia de servidores públicos; al igual que Borjas Romero, solicitó la elaboración del proyecto de dictamen para su discusión y votación en la próxima sesión, ante la solicitud de la legisladora Díaz Lizama.

Los diputados también continuaron con el estudio dos iniciativas más para modificar el Código Penal estatal: una de Manuel Díaz Suárez para certificar a quien ofrezca cirugías plásticas, así como sanciones para los centros no certificados para llevar a cabo estas prácticas.

La segunda propuesta, de Kathia Bolio Pinelo (PAN), busca imponer tres años de prisión y de 2 a 20 días de multa a quien revele, exhiba, publique o difunda fotografías de personas fallecidas en los diferentes medios de comunicación, con o sin consentimiento de los familiares.

De la misma manera, se continuó el análisis de la iniciativa para reformar el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares en materia de alienación parental.

(David Rico)