Cámaras de seguridad con cargo a la ciudadanía

De aprobarlo los diputados, todos los propietarios o poseedores de predios deberán pagar un nuevo derecho por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública de la que gozan los habitantes de Yucatán, como son las cámaras de vigilancia, los arcos lectores, etc., y se cobraría una cuota mensual a través de un recibo de servicios básicos como el de la CFE.

Lo anterior forma parte de los nuevos derechos que propone el Gobierno del Estado en el Paquete Fiscal, el cual se discute en el Congreso del Estado. Este derecho será, seguramente, uno de los puntos sobre los que se discutirá en los próximos días.

Este Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública contiene varios temas que han levantado ámpula entre los legisladores.

El primero de ellos es que, recientemente, el Congreso del Estado aprobó recientemente un financiamiento de hasta 2 mil 600 millones de pesos para el programa “Yucatán Seguro” y que tiene que ver, precisamente, con financiar equipo tecnológico.

Pero además de estos recursos aprobados para este fin, el Gobierno del Estado proyecta cobrar a todos los propietarios o poseedores de predios un derecho para mantener dicha infraestructura, la cual se entiende como todos los bienes tecnológicos que el Estado emplea, adicionalmente, para el mejoramiento de la seguridad pública de la comunidad, en lugares de uso común.

Opacidad

Trascendió, además, que no está claro cuánto se recaudará por este derecho y, además, los recursos serían de libre disposición, es decir, no vienen etiquetados.

La iniciativa de Reforma a la Ley General de Hacienda establece que, a fin de mantener los altos niveles de seguridad en Yucatán, se creó este derecho que garantice la mejora y continua actualización de la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública.

La propuesta es que “son sujetos del Derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública los propietarios o poseedores de predios ubicados en el Estado de Yucatán”.

La cuota mensual por el derecho sería de 2.72 UMA, equivalente a 229 pesos. Sin embargo, dicha cuota no podría ser mayor al 8 por ciento de lo que el contribuyente paga “en particular, por su consumo al suministrador de servicios básicos”.

Aunque no está claro en la propuesta, lo que se presume es que la cuota que se cobre no podría ser mayor del 8 por ciento de lo que se paga por el servicio de consumo eléctrico, pues el cobro se haría por medio del recibo de la CFE, y así las personas de escasos recursos pagarían una cantidad acorde a su economía.

El artículo propuesto a la Ley General de Hacienda establece que el derecho se causará mensualmente y el pago se hará dentro de los sesenta días posteriores al mes en que se cause y que dicho pago deberá realizarse en las oficinas o medios autorizados por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Convenios

Para efectos del cobro de este derecho, el Estado podrá celebrar convenios, en estos casos se deberá incluir el importe de este derecho en el documento que para tal efecto expida el organismo, entidad o empresa (en este caso la CFE u otras), debiéndose pagar en el plazo y en las oficinas autorizadas por la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Se establece que, derivado de los convenios que el Estado celebre, los plazos de pago a que se refiere el párrafo anterior podrán ajustarse para coincidir con el período de pago establecido con el servicio de cobro convenido.

Así, si se estableciera convenio con la CFE y por este medio se tuviera que pagar el nuevo derecho, prácticamente sería imposible eludirlo debido que a que, como es sabido, al que no paga su recibo de energía eléctrica se le corta el servicio.

Continúa análisis

Los diputados de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal acordaron ayer sostener una reunión de trabajo para solventar dudas del Paquete Fiscal Estatal y Municipales 2020, con el apoyo de la Secretaría General, al igual que establecer una dinámica para las comparecencias de los funcionarios públicos y establecer un plazo, hasta el miércoles, para que los 25 diputados puedan presentar preguntas, de tipo técnico, que serán enviados al Ejecutivo estatal.

Lo anterior luego de distribuirse las fichas técnicas de los paquetes fiscales municipales con las modificaciones a la Ley de Ingresos de 105 Ayuntamientos, 11 reformas a leyes de Hacienda de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún, Mérida, Motul, Sacalum, Tekax, Temax, Tizimín, Tzucacab y Umán; así como 8 nuevas leyes de Hacienda de Homún, Kaua, Muna, Opichén, Seyé, Sotuta, Telchac Pueblo y Valladolid.

Además, se informó que los paquetes fiscales municipales se dictaminarán en tres bloques: dos de 52 Ayuntamientos cada uno y Mérida de manera individual.

Trascendió que se hará un análisis minucioso al caso del Paquete Fiscal de Mérida, en particular sobre el tema del impuesto predial, pues en la primera revisión que se ha hecho no está claro si hay un aumento.

En el tema de los municipios, trascendió también que varios están solicitando contraer préstamos, pero que todos ellos no habrían presentado la documentación necesaria, por lo que no se autorizaría a ninguno contraer dichos financiamientos.

(David Rico)