Aunque dejó de operar apenas inició su mandato el gobernador Mauricio Vila Dosal y en abril la Secretaría de Administración y Finanzas expidió el dictamen de liquidación desde el 12 de abril, desde el sábado 2 de noviembre dejó de existir oficialmente la Junta de Electrificación de Yucatán.
Las funciones y el personal pasaron al Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán.
Cabe anotar que la desaparición de esta dependencia no obedece al comentario que hizo hace unos días el gobernador en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en el sentido de reducir o extinguir dependencias por razones presupuestales.
El finiquito de la Junta de Electrificación de Yucatán es parte del recorrido gubernamental que hizo Vila Dosal al tomar posesión, sólo que tardó poco más de un año en ajustar las funciones de esta institución.
A partir de ahora los acuerdos, convenios, así como los asuntos, expedientes y demás actos jurídicos, pendientes y en trámite, que se encuentren bajo cualquier concepto en la Junta de Electrificación de Yucatán, se transferirán y quedarán a cargo del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán.
Asimismo, el patrimonio, el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, las economías, recursos en cuentas, bienes muebles e inmuebles de la Junta de Electrificación de Yucatán pasarán al dominio y uso del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán dentro de un plazo de seis meses.
La Junta se creó en el gobierno de Patricio Patrón Laviada el 12 de agosto de 2003, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tuvo por objetivo llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, ejecución, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica en el estado de Yucatán, derivada de los programas convenidos.
Para el actual gobierno la paraestatal dejó de cumplir con sus fines u objeto social, además de que resultó inconveniente para la economía del Estado porque sus funciones las pueden asignar a otra dependencia.
Una vez finiquitada, los derechos laborales de los trabajadores se respetarán conforme a lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables. En tanto que la Secretaría de la Contraloría General, en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, vigilará el desarrollo del proceso de extinción y liquidación, así como el respeto a las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.
(Rafael Gómez Chi)