Pilar Faller Menéndez
Hace algún tiempo, se leyó en la prensa: “Fiscalía iba a formular cargos a un muerto”, y es que no es de sorprender, la denuncia llevaba cuatro años de haber sido interpuesta. En nuestro país, solamente son resueltos el cinco por ciento de los homicidios, por lo que de los 154,557 asesinatos cometidos entre los años 2010 y 2016, el país ha quedado en deuda con el 94.8 por ciento que permanecen impunes. Muy por debajo de las estadísticas del continente americano, Asia y Europa, en México el promedio son cinco condenas por cada cien víctimas.
No es un secreto para nadie que nuestro país esté viviendo el momento más violento de su historia, y que nuestro sistema de justicia esté colapsando, ya que cada fiscal de homicidios tiene hoy en Guerrero, uno de los estados más violentos del país, novecientos casos pendientes de resolver, y en la Ciudad de México un atraso de noventa casos, por lo que para resolver los homicidios pendientes de estos seis años mencionados (2010-2016) se necesitarían 124 años. Faltaría agregarle los tres años faltantes: 2017, 2018 y 2019.
Uno de los más grandes vicios que tiene la justicia mexicana es que las investigaciones se centran en encontrar a un culpable, y no en esclarecer la verdad, ya que el sistema de justicia es medido por el número de detenidos como resultados.
Desgraciadamente muchas confesiones se consiguen a través de la tortura y el caso no se investiga. En 2016 el 35% de los prisioneros en México carecía de condena, por lo que legalmente son consideradas inocentes y víctimas de un sistema que abarrota sus prisiones sin haber homologado un protocolo para investigar homicidios.
Un ejemplo distorsionado de la justicia fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sigue golpeteando la conciencia colectiva ante la incapacidad de esclarecer lo sucedido hace cinco años, la noche del 26 de septiembre de 2014.
El tribunal tuvo la osadía de declarar que la investigación realizada no tenía como objetivo buscar la verdad, sino confirmar la versión del gobierno, a pesar de que las personas detenidas confesaron bajo tortura, y tal ineficiencia llevó a crear la Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia, ya que ocho órganos gubernamentales presentaron recursos para no cumplir la resolución del tribunal a fin de no investigar uno de los casos más representativos de la crisis que vive la justicia mexicana.
Aunado al enfoque errático del sistema de justicia, vale la pena mencionar que éste carece de recursos materiales, lo cual puede constatarse en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, la cual presenta una tasa de homicidios de aproximadamente el doble de la media nacional, que carece de morgue para realizar autopsias y especialistas para analizar los cuerpos, los cuales son llevados a las funerarias privadas, para luego ser sepultados en el cementerio de la ciudad.
Los recursos probablemente se van a la nómina, ya que los detectives, peritos y funcionarios del Ministerio Público de México, reciben un salario muy por encima de países como Costa Rica, Brasil y Estados Unidos. No puede dejar de mencionarse un laboratorio forense en Nayarit que tuvo un costo de un millón de dólares que a más de cinco años de ser adquirido, nunca ha sido usado.
México recibió en 2013 de la Cruz Roja Internacional, un programa de informática el cual permite identificar los cuerpos hallados en fosas, pero éste es utilizado únicamente en 3 estados de nuestro país, por lo que se puede constatar que no se trata de falta de recursos, sino de un sistema fallido y corrupto.
El Congreso debe establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios, así como establecer fiscalías especializadas para investigar las masacres que han ocurrido en nuestro país, a su vez una fiscalía que se especialice en castigar violaciones a los derechos humanos, para erradicar la tortura que la Procuraduría General de la República muchas veces ejerce.
La suma de la sociedad civil es muy importante para esta renovación en nuestro sistema de justicia, es momento de externarlo y proponer políticas más efectivas, porque el cambio es responsabilidad de todos, y establecer órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y participen en las reuniones de los consejos de seguridad en todos los niveles, teniendo voz y voto.
La medición de resultados debe cambiar: el número de detenidos no aporta, la solución de los crímenes sí. Las políticas deben estar orientadas al cumplimiento de la ley, pero sobre todo, apegadas a los derechos humanos. Existe la voluntad política para reformar las instituciones judiciales, ¿qué espera la sociedad civil para hacer su parte?