Trump quiere imponer la impunidad para EE.UU.

Por Manuel E. Yepe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a su Secretario de la Marina porque éste no siguió sus orientaciones respecto al Operador de Guerra Especial o Navy Seal de los equipos de Mar, Aire y Tierra de la Armada de Estados Unidos, Edward Gallagher.

Trump quería que Gallagher conservara su puesto de Navy Seal luego de ser acusado de apuñalar a un combatiente del Estado Islámico de Irak y del Levante (ISIS) herido en 2017, que fuera imputado por los asesinatos de una colegiala y un anciano, además de acusado de obstrucción a la justicia.

En julio de 2019, un tribunal militar absolvió a Gallagher de la mayoría de los cargos, pero lo declaró culpable de posar junto al cuerpo de un combatiente apuñalado hasta la muerte.

La situación de Gallagher ocupó primeras planas sólo por la intervención de Trump porque, como regla, estas acusaciones de crímenes de guerra surgen, ocasionalmente se investigan, y luego se disipan.

Informe tras informe se fueron acumulando en los últimos 16 años expedientes de centenares de crímenes de guerra en Afganistán e Irak.

La guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Afganistán comenzó en 2001, mientras que la guerra de Estados Unidos contra Irak comenzó en 2003. Esto apenas ocurre en países sin ocupantes militares estadounidense.

El 21 de diciembre de 2001, Naciones Unidas informó sobre “ejecuciones sumarias de prisioneros tras su captura”. La noticia inicial fue que unos 2,000 prisioneros talibanes en Qala-i-Jangi, cerca de Mazar-i-Sharif, Afganistán, habían sido “asfixiados hasta morir o fusilados dentro de camiones portacontenedores”, según un informe de Physicians for Human Rights.

En 2009, quedó claro que la administración de George W. Bush había obstruido cualquier investigación sobre esta atrocidad. Ningún testigo hubo de la actuación de tribunal alguno por este crimen.

El argumento para la defensa de Edward Gallagher era que si hay que buscar justicia, hay que hacerlo no sólo respecto a este o aquel crimen de guerra, sino buscando a los responsables de toda la guerra y todos los crímenes no sólo a nivel de alguien como Gallagher. Debían ser sus superiores los que respondieran por este crimen.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor en 2002 pero que había sido redactado en 1998, define los crímenes de guerra como “violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales”. Estos incluyen ataques contra civiles, ataques contra los que se han rendido, ataques con armas biológicas y químicas, y ataques contra instituciones médicas y culturales.

El Estatuto de Roma, en el que no hay ninguna ambigüedad, se fundamenta en 100 años de precedentes jurídicos establecidos en los Convenios de Ginebra y las Convenciones de La Haya.

Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

Había participado en el establecimiento de la Corte, pero luego se negó a ser considerado bajo la jurisdicción de la Corte.

En 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de los Miembros de Servicio de Estados Unidos, que permite al gobierno de Estados Unidos “utilizar todos los medios” para proteger a sus tropas de los fiscales de la CPI.

El artículo 98 del Estatuto de Roma no exige que los Estados entreguen el personal buscado de terceras partes si estos Estados hubieran firmado un acuerdo de inmunidad. De tal forma, Estados Unidos ha alentado la firma de estos “acuerdos del artículo 98” para que sus tropas puedan quedar exentas de enjuiciamiento.

La enorme cantidad de pruebas de crímenes de guerra por parte de las tropas estadounidenses y de las tropas afiliadas a Estados Unidos en Afganistán e Irak pesaba sobre la credibilidad de la CPI. En 2016, después de una década de investigación, la CPI publicó un informe que ofrecía esperanza al pueblo afgano. La CPI dijo que existe “una base razonable” para seguir investigando los crímenes de guerra cometidos por diversas fuerzas dentro de Afganistán, como los talibanes, la red Haqqani y las fuerzas militares de Estados Unidos, junto con la Agencia Central de Inteligencia. Al año siguiente, la CPI siguió adelante con un reconocimiento más detallado de la posibilidad de crímenes de guerra. La presión sobre el fiscal de la CPI aumentó.

La administración Trump, a través de John Bolton y Mike Pompeo, había dejado claramente establecido en la CPI que si proseguían casos contra EEUU, la administración Trump la emprendería personalmente contra fiscales y jueces de la CPI.

EEUU no prometía jugar limpio en Afganistán. Ello obligó al Tribunal a anunciar que “continuar con esta investigación no serviría a los intereses de la justicia”. Poco después, en abril de 2019, la CPI dijo que no seguiría adelante con los casos de crímenes de guerra con Estados Unidos como acusado.