La regidora Alejandrina León Torres (PRI) manifestó ayer no está de acuerdo con el cobro del derecho por la infraestructura de seguridad que propuso el Ejecutivo estatal y aprobó el Congreso del Estado.
Añadió que si bien las cámaras de seguridad han dado buenos resultados no cubren todas las zonas de la ciudad, pues hay espacios ciegos donde delitos como feminicidios y homicidios aún pueden cometerse sin quedar registrados. Así que el beneficio no va directamente para todos y cada uno de los ciudadanos, dijo.
—No puedo ni quiero quedarme callada ante este aumento que afecta los bolsillos de todos los ciudadanos, a quienes todos los servidores populares nos debemos. Hay familias que con mucho esfuerzo sobreviven día a día para tener que mantener un hogar, escuelas de los hijos, alimentación, vestido, y no considero que sea socialmente correcto cobrarles más en sus recibos de luz eléctrica, servicio además sin el cual ya casi ninguna persona puede vivir. Y si no juntan para pagar, su energía será suspendida y se verán afectadas sus diarias acciones.
Existen claros motivos que no sustentan esta acción:
—Hay 2 empréstitos para seguridad pública, el último del actual gobierno de Mauricio Vila Dosal y con el objetivo de pagar por equipamiento incluyendo cámaras, drones, etc.
—En el presupuesto federal para 2019 la suma para seguridad pública fue de 165 millones y para el año 2020 aparece no disponible, toda vez que puede cambiar. Y en el balance de aportaciones y participaciones así como en el apartado de convenios y reasignaciones encontramos un aumento global de 300 millones de pesos.
En cuanto al gasto federalizado se puede observar que hay programas que ya no llegarán a las arcas estatales e irán directamente a los ciudadanos.
Por otra parte, la CFE es una empresa productiva propiedad únicamente del Gobierno Federal facultada para dar servicios, por lo que sólo puede cobrar por esta contraprestación y esta no se encuentra clasificada ni conceptualizada en el Código Fiscal de la Federación por lo que la CFE con fundamento en su propia ley y la ley de servicio público de energía eléctrica vigente, no se encuentra facultada para el cobro de contribuciones en materia fiscal, como lo es este derecho recién aprobado en Yucatán, finalizó.
(Víctor Lara Martínez)