Se acabarán las bromas y llamadas falsas al 911

Quedó establecido en ley que quienes hagan mal uso de los números de emergencia enfrentarán una multa de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (4 mil 224 a 8 mil 449 pesos) o un arresto de 24 a 36 horas.

Ayer los diputados del Congreso del Estado dieron luz verde a las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública para sancionar con multa a quienes usen una línea telefónica o los instrumentos tecnológicos para hacer llamadas falsas de alerta a los sistemas de emergencia.

En el marco de la clausura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, los diputados del Congreso del Estado aprobaron también expedir la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, no sólo a las sustancias, sino también contempla adicciones conductuales o comportamentales, como los videojuegos y la ludopatía.

En cuando a las modificaciones a la Ley de Seguridad, el promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero (PRI), indicó que las estadísticas oficiales indican que, en Yucatán, durante 2018, de más de 850 mil llamadas de emergencia, aproximadamente 730 mil fueron improcedentes, es decir, no se canalizaron a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas.

“Situación que entorpece el servicio y afecta la procuración eficaz a los avisos que requieren inmediata respuesta. En síntesis, cada llamada falsa pone en peligro una vida ya que todas las llamadas improcedentes aumentan el tiempo de respuesta en una emergencia real”, recalcó.

“La ahora ley, establece que se sancionará con arresto de 24 a 36 horas y una multa de 50 a 100 UMAS a quien permita o realice llamadas a los sistemas de emergencia para dar un aviso falso de alerta, solicitud de auxilio, ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, de protección civil o de seguridad pública”, señaló.

De la misma manera, los legisladores avalaron expedir la Ley de Prevención y Atención Integral de las Adicciones, para lo cual, el promovente de la iniciativa Manuel Díaz Suárez (PAN) fue enfático en que esta nueva Ley contempla las adicciones a las sustancias, pero también las conductuales o comportamentales, como son los videojuegos y la ludopatía.

Detalló que la Encuesta Estatal de Adicciones reporta que en 2014 el 3.3% de la población de Mérida cumplía con los criterios de adicción a internet, el 8.3% de adicción al teléfono celular y el 1.8% al criterio de ludopatía, y el Centro de investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi reveló que 7 de cada 10 jóvenes no duerme el tiempo adecuado por estar conectado a internet, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram o simplemente navegando en la red.

“Es la oportunidad de darle a nuestro estado una importante y excelente ley, que tiene como principal objetivo, sentar las bases y disposiciones para que se concientice, prevenga y atienda de manera integral en Yucatán el grave fenómeno de las adicciones”, agregó Díaz Suárez.

Sobre el mismo tema, Milagros Romero Bastarrachea (MC) advirtió que la ludopatía es un problema “que está carcomiendo a jóvenes, amas de casa, jubilados y pensionados, porque los casinos han apostado por llamar más la atención de nuevos clientes, principalmente al primer sector social referido.

“Los jóvenes pueden ser el futuro de la adicción o pueden ser el futuro de la nación; por ello, no queremos que existan máquinas de juego cerca de escuelas, universidades o cualquier espacio como estos, al alcance de este grupo social”, subrayó.

Además, los diputados aprobaron por unanimidad la adición del artículo 68 Bis y reformas a la Ley de Gobierno de los Municipios para establecer las funciones de las autoridades auxiliares, propuesta por Alejandro Cuevas Mena (PRD).

Asimismo, fue avalada por mayoría, con votos en contra del PAN, la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana en materia de consulta popular y revocación de mandato, enviada por la Cámara de Diputados.

Karla Franco Blanco (PRI) señaló que este decreto surge en virtud de que existe una latente pérdida de confianza hacia las instituciones y falta de credibilidad a los servidores públicos, problemática que se ha ido incrementando año con año; por tanto, resulta necesaria la implementación de un nuevo diseño institucional, en donde estos conceptos sean la base para lograr una mayor interrelación entre el gobernante y el gobernado.

“Dotando a la ciudadanía de instrumentos que puedan hacer valer al momento de intervenir en el proceso de destitución de los servidores públicos”, resaltó.

También fueron aprobadas por unanimidad reformas a la Ley de Salud, en materia de planificación familiar, por lo que el promovente de la iniciativa Warnel May Escobar (PRI) dijo que se establece la obligatoriedad de dar información en materia de planificación familiar, así como se establecen sanciones a los médicos que impongan algún medio anticonceptivo sin consentimiento o presionen para ello.

“Tenemos que apoyarnos en lo que la planificación familiar nos propone ya que es el elemento sustantivo en la promoción de la salud, que permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva”, expresó.

Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad ajustar las fechas de entrega del Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín” y la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar”, en febrero de 2020, así como en los primeros 15 días del mismo mes, realizar la emisión de la convocatoria del Reconocimiento “Consuelo Zavala Castillo”.

Además, la LXII Legislatura avaló por unanimidad otorgar la Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar” al pintor, historiador de cine y escritor Gabriel Ramírez Aznar, por su obra en el campo de las bellas artes.

En asuntos generales, Silvia López Escoffié (MC) reconoció a la actual Legislatura por ser más madura y unida, trabajando por el bien de Yucatán, porque son responsables de cada voto con el fin de refrendar la confianza de los ciudadanos, “para que vean que sí sirven los diputados”.

También presentó una iniciativa con la cual no podrá darse el perdón del ofendido en los delitos de violencia familiar, para lo que se reformaría el artículo 115 del Código Penal del Estado de Yucatán.

En la sesión de clausura también fue aprobada la integración de la Diputación Permanente que fungirá del 16 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020.

Este cuerpo colegiado estará conformado por Enrique Castillo Ruz (PRI) como presidente; Lila Frías Castillo (PRI), vicepresidenta; Katia Bolio Pinelo (PAN) y Luis Loeza Pacheco (Morena), secretarios; Miguel Rodríguez Baqueiro y Fátima Perera Salazar (Morena), secretarios suplentes.

(David Rico)