Edmundo Contreras
Casos y Cosas
No obstante la aparente aceptación de la población al pago de los nuevos derechos y aumentos en los impuestos ya existentes que los diputados locales le aprobaron al Ejecutivo del Estado dentro de su Paquete Fiscal para el 2020, la realidad es que un amplísimo sector no está de acuerdo y por eso, contra lo que se señala en algunos círculos, como el empresarial, donde incluso se atribuyen propuestas inherentes a esos cobros, se mantiene en una postura de inconformidad y rechazo.
Lo que se confirma con los señalamientos de organizaciones civiles de Yucatán en el sentido de que es posible revertir esta carga impositiva aprobada para el nuevo año, por lo que anunciaron que promoverán amparos contra los impuestos estatales aprobados por el Congreso al Ejecutivo del Estado e iniciarán la colecta de firmas para pedir la revocación de mandato de los legisladores que aprobaron los gravámenes, por considerar que actuaron de manera ilegal y traicionaron a los ciudadanos que votaron por ellos.
Lo que hace evidente que la población se siente agraviada con esta obligación que le endosaron los diputados locales al aprobar la creación de nuevos derechos e incrementar los impuestos existentes, por lo que, como subrayaron dirigentes de organizaciones de la sociedad civil como “Despierta Yucatán”, “Congruencia Nacional para la Defensa de la Economía Social”, “Mexicanos Unidos” y “Lealtad y Justicia”, la ciudadanía en general está muy molesta por la carga impositiva, sobre todo porque antes de ajustarse, el Gobierno del Estado se fue por lo más fácil: cobrar más impuestos.
Luego de manifestar su preocupación y sospecha por el destino que se dará a la nueva recaudación, ya que el mismo Congreso le aprobó al Gobierno del Estado la contratación de un financiamiento por 2 mil 600 millones de pesos para infraestructura de seguridad, precisamente lo que genera ese nuevo derecho a pagar por la ciudadanía a partir del 2020, los dirigentes de las organizaciones sociales sostuvieron que, en vez de irse por la vía fácil de cobrar más impuestos, la administración estatal debió haber eliminado gastos superfluos, reducir sueldos y viáticos de la alta burocracia, así como evitar viajes al extranjero, como lo ha hecho el Gobierno Federal.
Con base en lo anterior, los representantes de las organizaciones civiles pidieron que, de manera inmediata, el Gobernador Mauricio Vila Dosal revoque el Paquete Fiscal aprobado y los subsane con otro que no contenga impuestos “agresivos”, porque la realidad es que LA POBLACION SE SIENTE AGRAVIADA.