Edmundo Contreras
Casos y Cosas
El tema de la seguridad estatal se mantiene como vanguardia entre la población de la Entidad en virtud de que, sin menoscabo del reconocido estatus positivo que se cuenta en Yucatán, protagoniza un debate generalizado a causa de la creación de un nuevo derecho por parte de la administración estatal, mismo que después de haber sido aprobado por los diputados locales, impone a los ciudadanos un pago por los servicios de vigilancia mediante equipos tecnológicos, como las video cámaras y los arcos lectores, que debe reiterarse no es del todo aceptado.
Así es, existe una significativa oposición poblacional a la aplicación del nuevo cobro, sin que se deje de reconocer la importancia de la alta seguridad que distingue a Yucatán y a su ciudad capital, como lo recordó el Gobernador Mauricio Vila Dosal durante la celebración del Día del Policía 2019, cuando además de significar ese logro que ubica a Mérida como la urbe más segura de Latinoamérica y la segunda a nivel continente americano, sólo por debajo de Quebec, Canadá, insistió en el cobro de ese gravamen por el uso y mantenimiento de los equipos.
Al hacer un llamado para que el asunto no se politice, el mandatario pidió no cometer ese error que se comete en otros lugares y tener la madurez que se necesita para que en Yucatán contemos y nos mantengamos con la seguridad que hoy se le reconoce, no solamente a nivel país sino en todo el mundo, lo que en palabras llanas y de fácil entendimiento nos plantea que, sea como sea, a pesar de que aún hay mucho por clarificar, el pago del nuevo derecho por seguridad se aplicará a partir de enero.
Es por ello que, sin dejar de reconocer que se hace un esfuerzo formidable a nivel estatal para no sólo mantener, sino mejorar la seguridad que se cuenta, así como que ya el Congreso del Estado aprobó al Ejecutivo un financiamiento por 2 mil 600 millones de pesos para ese rubro del equipamiento que se integra dentro del esquema denominado “Yucatán Seguro”, sentimos oportuno apuntar que una cosa es politizar el tema y otra muy distinta opinar al respecto, señalar lo que no nos parece claro ni pertinente, pues resulta que ése es, también, un derecho que tenemos los ciudadanos.
Porque, en realidad, además de que existe un importante segmento poblacional que se opone a ese nuevo gravamen dentro del Paquete Fiscal 2020 del Ejecutivo del Estado, hay mucho aún por explicar y definir, empezando por cómo será cobrado, aunque esto incida en el afán oficial de que ese derecho en materia de seguridad SE APLICARÁ A PARTIR DE ENERO.