Apunta que los que menos tienen no deberían pagar nuevo derecho

La diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) consideró que, en caso de que se apruebe el nuevo derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública que propone el Gobierno del Estado, se deberá justificar su necesidad y sobre todo se deberá exentar a los que menos tienen.

Informamos ampliamente que el Paquete Fiscal del Ejecutivo que se analiza en el Congreso contiene la creación de un nuevo derecho que deberán pagar todos los yucatecos por el aprovechamiento del servicio y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad pública en la Entidad.

Por este derecho, el Ejecutivo proyecta recaudar 282 millones 817 mil 121 pesos, además de advertir que se colocarán en una bolsa de libre disposición.

La diputada de Movimiento Ciudadano señaló que se debe hacer un análisis profundo del tema y, para ello, hay que tener toda la información necesaria, por lo que los funcionarios que comparecerán ante la Comisión de Presupuesto el próximo jueves deberán dar detalles de este nuevo derecho, de cómo se cobrará y, sobre todo, a quiénes se aplicará.

“Algo que nos interesa es poder ver a qué niveles económicos se aplicará, pues sabemos que se cobrará mediante el recibo de algún servicio básico, como el de la CFE, pero en este sentido el que paga poco y si se le tasara el derecho en un 8 por ciento de la cantidad pagada, tendrá una fuerte afectación”, expuso.

Por ello, dijo que se debe establecer un rango y exentar a la gente de menos recursos. Una posibilidad –dijo– es que quienes pagan menos de 400 pesos en su recibo de luz estén exentos del pago de este derecho.

“Contrapropuesta”

“Estamos de acuerdo en que hay que ayudar al Gobierno del Estado en la recaudación, pero tampoco hay que sacarle este apoyo a los que necesitan ser apoyados”, señaló.

En este tenor, dijo que MC está preparando una serie de recomendaciones o “contrapropuesta” al proyecto de ingresos y radica en que paguen los sectores que no lo hacen y que no se siga cargando la mano a los de siempre.

Otro tema que se debe poner en claro es por qué si se aprobó un crédito de 2 mil 600 millones de pesos para seguridad e infraestructura de este ramo, ahora se quiere también cobrar un derecho.

Son muchas interrogantes –apuntó–, por lo que comentó que “veo complicado que el paquete salga tal como se presentó al Congreso, pues hay que cuidar que los ciudadanos no estén sobre regulados” y dijo que por ello los legisladores deben mediar entre el gobierno y los ciudadanos.

(David Rico)