Empresas deben evitar actos de corrupción

Moisés Castro Pizaña, vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), sostuvo que las compañías tienen que generar conciencia sobre su responsabilidad para prevenir delitos, incluidos hechos relacionados con la corrupción, pues a falta de medidas internas las consecuencias pueden ser fatales.

En la conferencia magistral “Responsabilidad penal de la persona jurídica derivada de la corrupción”, como parte de las actividades de la Semana Anticorrupción en Yucatán, el abogado señaló que esas organizaciones deben trabajar en modelos de análisis de riesgos de delitos generales que pudieran cometer sus empleados, representantes, administrativos o terceras personas que actúen en su nombre.

“Porque en caso de que cometan actos de corrupción, implicaría una responsabilidad de la empresa como persona jurídica, independientemente de la individual que tenga cada miembro de la organización”, advirtió.

Ante una audiencia completa, Castro Pizaña recordó que con el sistema de justicia actual, las investigaciones penales inician muy fácilmente y, en caso de que un juez de control impute un hecho delictivo a una empresa, las consecuencias pueden ser graves al momento de que se dictan medidas cautelares.

Efectos terribles

“Los efectos son terribles, clausura de la compañía, embargo de bienes y cuentas, suspensión de actividades e incluso la intervención judicial; de ahí la relevancia de que implementen modelos de prevención al interior de las organizaciones”, insistió.

El experto recalcó que ante estas situaciones, las empresas se ven obligadas a negociar con la parte denunciante para llegar a una salida alterna de solución y evitar los juicios, de lo contrario no podrían subsistir si se ven afectadas en su prestigio y reputación con las medidas cautelares antes mencionadas.

En la conferencia también participó el abogado Miguel Ángel Hernández de Alba, integrante de ANADE, quien señaló que es importante que las compañías implementen sistemas “compliance” para evitar procesos penales futuros, es decir, buenas prácticas para identificar y clasificar riesgos operativos y legales.

“Es un trabajo de cultura de prevención, gestión y control hacia adentro, no es tan difícil; pareciera que son requisitos complejos cuando en realidad son apoyos. No es nada más cumplir normas, es todo un Estado de Derecho y una actitud de integridad ética interna”, subrayó.

Al finalizar el evento, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Graciela Torres Garma, celebró las aportaciones de los abogados que sirven para reforzar las estrategias de difusión y prevención de actos de corrupción en la sociedad yucateca. (Boletín)