Los más de 230 millones de pesos que se proyectan recaudar por el nuevo derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública serán usados para financiar parte del gasto operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual aumentará con las nuevas responsabilidades que se tienen en la materia, señaló ayer la Secretaria de Administración y Finanzas Olga Rosas Moya.
Durante su comparecencia ayer ante los diputados de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, la funcionaria fue cuestionada sobre varios temas, pero uno de los más recurrentes fue el de este nuevo derecho por la Infraestructura Tecnológica en Materia de Seguridad Pública, el cual, de entrada, se dijo que es un impuesto y no un derecho.
Los diputados preguntaron si no habría una doble tributación, pues en fechas recientes se aprobó contratar un empréstito de hasta 2 mil 600 millones de pesos para infraestructura de seguridad y ahora se proyecta este nuevo derecho que se aplicaría a más de 700 mil habitantes de predios o familias.
Rosas Moya dijo que, en efecto, se solicitó el empréstito, el cual se pagará con las participaciones federales, pero además de la instalación de infraestructura, vehículos, cámaras, lanchas y demás, está el gasto operativo de la SSP que se incrementará con el programa “Yucatán Seguro”.
Por ejemplo, dijo que hay un incremento de 31.5 millones de pesos en combustible de vehículos, 41.4 millones en mantenimiento de vehículos, además de un gasto importante en mantenimiento de cámaras y arcos ya instalados y otros gastos.
Rosas Moya agregó que lo recaudado de este derecho servirá para el gasto de seguridad que asciende a 577.7 millones de pesos, que contempla el mantenimiento de cámaras de vigilancia, operación y control vehicular, incremento de unidades y equipamiento, entre otros.
Impacta a ciudadanos
El diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD) señaló que, de entrada, dicho derecho no es tal, sino que se trata de un impuesto, pues el derecho es cuando hay una contraprestación otorgada por un servicio público y, en el caso de este derecho, se trata de un gravamen que hay que pagar obligatoriamente y que impacta a los ciudadanos.
Según se expuso, impactará a más de 700 mil viviendas que tendrán que pagar una cuota de 230 pesos mensuales, pero con el tope de que no se podrá pagar más del 8 por ciento de lo que se paga en el recibo de la CFE, a través del cual se cobraría este derecho.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea (MC) propuso que se exente de este derecho a los que menos tienen y puso sobre la mesa que los que paguen hasta 300 pesos en su recibo sean exentados, con lo cual se beneficiarían unos 150 mil predios a lo que impactaría severamente cualquier cobro por mínimo que sea pues son personas que viven en el cinturón de pobreza de Mérida y al interior del estado, y que en definitiva se vería afectado su bolsillo al tener que pagar más.
Nuevo derecho a hoteles y centros de hospedaje
Otro asunto que fue ampliamente abordado es el nuevo derecho para la Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico que, según se insistió, tendrían que pagar los huéspedes y no los hoteleros; se propone que se pague 35 pesos por habitación por noche de ocupación, y aplicaría a todo tipo de establecimientos que dan hospedaje, como hoteles, moteles y hostales, entre otros.
Juan Carlos Rosel Flores, director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, insistió en que este derecho está planteado de tal manera que serán los huéspedes los que lo paguen y no los empresarios del ramo.
Por este nuevo derecho se pretende recaudar 79 millones 732 mil pesos; el funcionario aseguró que hay un mecanismo para que sean los huéspedes los que paguen y no los hoteleros o las plataformas como Airbnb.
Los transportistas
En la comparecencia, el diputado Cuevas Mena del PRD señaló que un sector que resultará severamente impactado con las reforma a la Ley de Hacienda es el de los transportistas de carga, ya que se actualizaron las cuotas por cada descarga que hagan; por ejemplo, de los camiones de 5 a 10 toneladas se pasará de 422 pesos a 760; de 10 a 15 toneladas pasa de 422 a mil 33 pesos; los de 15 a 20 toneladas pasan de 422 a mil 680, y así sucesivamente hasta los de más de 30 toneladas.
Además dijo que se plantea la posibilidad de que no se pague por cada evento, sino que se pague una cuota anual que sería, por ejemplo, de más de 31 mil pesos para un camión de 30 toneladas, pero no hay un ahorro real, aseguró.
Aseguró en este sentido que los transportistas, como estas nuevas actualizaciones de derechos, pasarán de pagar alrededor de 22 millones a pagar 133 millones de pesos.
¿Grandes aumentos?
El diputado del Sol Azteca cuestionó que, si bien se dice que no hay nuevos impuestos ni aumento en los mismos, sí hay una gran cantidad de actualizaciones a derechos que tienen gran impacto, así como los nuevos derechos que se han mencionado.
Como ejemplo, se dijo que se tendrá que pagar más por la adopción de un niño, así como por derechos de diferentes dependencias, como el Registro Público de la Propiedad, y por las nuevas licencias que habrá para los conductores de vehículos de transporte de plataformas tecnológicas.
Sin embargo, Rosas Moya dijo que no hay aumento a impuestos ni nuevos gravámenes, aunque reconoció que sí se trabaja para ver cómo poder recaudar más y hacer frente al déficit generado por los 3 mil 800 millones de pesos menos que se recibirán este año de la Federación, en comparación con el 2018.
Dijo que se necesitan recursos para complementar la nómina de maestros, ya que actualmente, del gasto para el magisterio, el 45% corresponde al Estado y el 55% a la Federación.
Para ello se llevará a cabo, entre otras cosas, el reemplacamiento, por el que se proyecta recaudar 471 millones de pesos.
Derecho adelantado
Otro tema cuestionado fue el impuesto sobre nómina que pasa del 2.5 al 3 por ciento; sin embargo, esta actualización se aplicará hasta el 2021; los funcionarios insistieron en que se tiene el aval del Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, designado por el Gobernador.
Dudas al aire
Varias dudas quedaron al aire y no fueron respondidas, como los cuestionamientos del diputado Felipe Cervera Hernández, quien preguntó sobre cuál será el parque recreativo de 25 millones que se proyecta en Mérida, o si se necesita la repavimentación de la Prolongación de Montejo que se menciona y que se proyecta el uso de 11 millones, ya que esa vía fue repavimentada hace poco por el Ayuntamiento de Mérida.
Además, quedaron al aire también varias respuestas en el caso de los derechos por habitación de hotel, y si de verdad va a servir para comprar despensas para el pago del Programa de Veda del Mero.
Planteó que se menciona un nuevo edificio para la UADY en el presupuesto de egresos por 40 millones de pesos, pero hay reducciones importantes en los institutos tecnológicos del interior del Estado.
Además, dijo que hay una partida de 14 millones para la Feria de X’Matkuil y 30 millones para un nuevo Campus de la Escuela Normal, pero no se dan más detalles.
(David Rico)