Ariel Avilés Marín
Ya he hablado antes de lo que en filosofía se llama antinomias, y esta figura se da cuando dos conceptos se encuentran en contraposición obvia. Señalamos con claridad que, justicia y derecho, en determinadas circunstancias, pueden constituir antinomias jurídicas. ¿Cuándo se da esto? Cuando entre la justicia y el derecho se plantean posiciones contradictorias. Señalé también que la ética del juzgador, al presentarse esta situación, con carácter insalvable debe inclinar su criterio a favor de la justicia, aunque esta situación implique desatender algún principio del derecho. Este es el criterio que la ética, como forma suprema de la filosofía, indica como correcto en las acciones de un funcionario cuya misión sea impartir justicia. Y esto es exactamente lo que hay que recalcar a jueces, magistrados y ministros: SU MISION PRIMIGENIA ES IMPARTIR JUSTICIA, ANTES QUE AJUSTAR SUS SENTENCIAS AL CUMPLIMIENTO CIEGO DEL DERECHO.
¿A qué viene esta nueva reflexión? Pues está motivada por una serie de decisiones de jueces, en diferentes lugares, en diferentes casos, y en las más diversas circunstancias; todas ellas que nos mueven a indignación. El 2 de octubre escribí, lleno de indignación por la sentencia que dio la libertad a los criminales que asesinaron, más bien masacraron, a Juan Campos y Lucely Peniche. A resultas de mi artículo, el Tribunal Superior de Justicia, por el amable conducto de este periódico, me hace llegar a mi correo electrónico la copia textual de la sentencia mencionada. La he leído de cabo a rabo y con gran detenimiento y reflexión. Un excelente trabajo jurídico, no tiene un solo fallo legal en su fundamentación. Unas conclusiones legales perfectamente fundamentadas en la ley que les llevan a concluir el auto de inmediata libertad de los indiciados. Una sentencia ejemplar en materia de derecho. Verdaderamente lamentable en materia de justicia. Por inconsistencias en el proceso de integración del caso, por parte de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Primero de Enjuiciamiento desestima pruebas como los videos de las cámaras de seguridad del hotel vecino y, lo más terrible, la confesión de parte de los indiciados. ¡Ah, pero la sentencia de marras, está impecablemente apegada a derecho! ¡PERO ES INJUSTA SEÑORES JUECES! Su lectura exhaustiva me permite hacer esta afirmación.
Ahora, un juez, por argucias legales, ha dejado en libertad al karateca Cristian Contreras Domínguez, quien mandó a su novia al hospital con graves lesiones. El infame sujeto agredió a Andrea Marisol, su novia, con los puños, a patadas y hasta con un madero; la primera instancia del Poder Judicial lo condenó a prisión bajo cargos que se calificaron como Feminicidio en Grado de Tentativa. Con la agravante de que el descastado Cristian hasta amarró a la joven para que no pudiera huir. Las lesiones requirieron la hospitalización de Andrea por varios días. Y ¿qué creen? Ahora, la segunda instancia, reclasifica el delito, y el infame Cristian está en plena libertad. Nueva agresión al espíritu de la justicia, que es el que debe alentar a los encargados de impartirla. No he tenido la oportunidad de leer la sentencia, seguramente está totalmente apegada a todas las normas y recovecos del derecho. ¡PERO DE NUEVO SE HA VIOLENTADO EL SENTIDO DE LA JUSTICIA!
Greta Corona Martínez fue violentamente agredida por su pareja, y esto no sucedió una sola vez sino varias. Greta presentó a la Fiscalía del Estado, grabaciones auditivas, videos y otras pruebas más que acreditan violencia intrafamiliar y, finalmente, Feminicidio en Grado de Tentativa. Greta ha vivido un calvario de catorce meses de diligencias, algunas de ellas casi vejatorias; ha tenido que vivir ocultándose con su pequeño hijo, para escapar del acoso y la violencia del tipo abusador y agresivo. Merced a sus múltiples gestiones se le ha asignado una custodia, que más que custodia es una vigilancia ofensiva. El caso ha sido, al fin, consignado a un juzgado penal y, ¡oh, sorpresa! El juez Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, en conocimiento de los antecedentes y pruebas presentadas, las desestima, por fallas de procedimiento de la Fiscalía General del Estado, el pasado 27 de noviembre concluye que no tiene elementos para decretar el Feminicidio en Grado de Tentativa y, ni siquiera puede vincular al individuo a ninguna causa penal. Esto conlleva que Greta ya no gozará de la custodia. Seguramente su decisión está totalmente apegada a derecho, no lo dudamos. ¡PERO AGREDE AL MÁS ELEMENTAL SENTIDO DE LA JUSTICIA!
El caso más sonado de este año, es el asesinato de Abril Pérez Sagaón, señalando fuertes sospechas de ser responsable su influyente esposo Juan Carlos García, este caso ocurrido en Ciudad de México. En enero pasado Abril denunció violencia familiar e intento de homicidio. Abril denunció que en enero, mientras dormía, su esposo intentó cortarle el cuello con un cúter y le golpeó la cabeza con un bate. El proceso fue llevado por el Ministerio Público ante el juez de control Federico Mosco, quien en el inicio de la causa le decreta al esposo prisión preventiva de manera oficiosa, pero luego reclasifica el criterio y lo califica como lesiones y violencia familiar simple, pues considera que, “hubo falta de elementos probatorios por parte del Ministerio Público”, y hasta argumenta que el bate no es un arma. ¡Me hacen ustedes el favor! Además invoca que no hubo una inspección del lugar de los hechos, que debieron haber acudido expertos en criminalística, en química, que se hiciera la búsqueda de huellas o de indicios, y echa al esposo a la calle. El lunes 25 de noviembre, Abril es asesinada a balazos en una calle de Coyoacán, cuando transitaba en un auto, desde una motocicleta en movimiento, y en compañía de sus pequeños hijos. ¡Terrible desenlace de la historia! El 29 de noviembre, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México toma la decisión de suspender al juez Federico Mosco hasta que concluya el análisis del caso, y emite el siguiente comunicado: “El Poder Judicial de la Ciudad de México se suma a la indignación social y ratifica su compromiso de actuar con perspectiva de género y contra toda violencia contra la mujer”. Creo que este sentido de la justicia nos está haciendo falta en Yucatán.
La sangre de Emma Gabriela Molina Canto, de Lucely Peniche, de Juan Campos, ha dejado una mancha que es necesario lavar en el rostro del sistema de aplicación de la justicia en Yucatán. Es necesario, más bien indispensable, que quienes imparten justicia en nuestro estado, hagan eso, ¡IMPARTIR JUSTICIA! Por encima de simplemente APLICAR LAS LEYES. Lo primero es la esencia de su existir en la sociedad.