Introducción
Los actores sociales involucrados en la planeación del crecimiento urbano de interés patrimonialista en Mérida: cámaras, colegios, universidades, organizaciones, etc., han operado hasta hoy para impulsar objetivos sectoriales que son ajenos a la Agenda 2030. Siempre a la sombra de las autoridades emeritenses y las dependencias municipales, estos actores no han reclamado nunca el monto total de presupuesto y el alto nivel de coordinación que se requiere para lograr los objetivos comunes del desarrollo sostenible.
Nada hasta hoy con la Agenda 2030
Sabemos que quienes impulsan desde la sociedad civil algún tipo de proyectos bajo la motivación humanística del desarrollo integral y sostenible: rescates comunitarios, usos naturalistas, tecnologías adecuadas, etc., continúan costeándolos y administrándolos por sí mismos, es decir, sin mayor interés de parte del Ayuntamiento que convocar a sus responsables para las consultas de los planes municipales y aprovecharlos para los mercadeos de las agencias privadas.
Por otro lado, tenemos que en la búsqueda de opciones factibles que permitan romper con la planeación sectorial del crecimiento urbano en beneficio de la planificación integral del desarrollo sostenible, nos urge un manejo plenamente democrático de las problemáticas espacio-territoriales, medioambientales y socioculturales de la capital yucateca.
Sin colectivos organizados de la población urbana en colaboración con las autoridades emeritenses, las dependencias municipales y los actores sociales, en el proceso disciplinario de elaboración de planes municipales y programas operativos, especialmente en lo concerniente a la determinación de los usos del suelo y la integración de los segmentos urbanos a partir de la necesidades sociales, poco o nada podemos hacer de acuerdo con la agenda en cuestión.
Desde la conferencia de Hábitat II -la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos que se celebró en Estambul, Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996, veinte años después de la celebración de Hábitat I en Vancouver en 1976-, el desarrollo integral y sostenible es un compromiso internacional de los gobiernos regionales, nacionales y locales, que adquirieron así la responsabilidad de la aplicación de las políticas, programas y prioridades de desarrollo integral y sostenible.
La Cumbre de la Tierra de 1992 o sea las Conferencias de la ONU entre jefes de estado y gobierno de todos los países del mundo, con el fin de alcanzar acuerdos sobre el desarrollo industrial, el patrimonio cultural, el medio ambiente, el cambio climático y otros temas relacionados como el crecimiento urbano y la pobreza extrema, determinó que la sostenibilidad aunada a la integralidad eran las dos únicas razones de ser de la planificación científica y humanista ante los excesos mercantiles de la planeación sectorial. La investigación avanzada se adscribió a esta directriz internacional para ratificar su respaldo a la perspectiva integral y sostenible del desarrollo regional.
Sin embargo, al igual que la inmensa mayoría de gobiernos nacionales, regionales y locales, el Ayuntamiento de Mérida no ha asumido la necesidad de proceder con estrategias de planificación integral del desarrollo sostenible que, sea para evitar lamentos por conflictos sociales, para combatir abusos por despojos patrimoniales o para acallar reclamos por desastres ambientales, no los obliguen a pretender que cuentan con programas de prevención y/o mitigación de acreditación global.
Aunque las autoridades emeritenses y las dependencias municipales están conscientes de la importancia mercantil del desarrollo integral y sostenible desde las normas estatales y las reglamentaciones municipales, está claro para nosotros que, por sí mismas o con la ayuda de los actores sociales señalados, no pueden aún garantizar que los proyectos urbanos sean soluciones definitivas de aprobación ciudadana en vez de remedos tecnocráticos de complacencia sectorial.
No cabe duda que la propuesta de responsabilidad colectiva sobre Mérida en términos de integralidad y sostenibilidad, necesita establecer la colaboración de las organizaciones civiles para la toma de decisiones y para la priorización de las obras y su ejecución. De esta manera los habitantes estaremos al día en las medidas necesarias, en la utilización de los recursos y en las técnicas adecuadas para enfrentar los problemas ocasionados por el crecimiento urbano y la pobreza extrema.
Conclusiones
Sólo resta señalar que escasean las iniciativas de las organizaciones sociales en términos de la Agenda 2030, porque no se trata de prevenir y menos de mitigar los impactos del crecimiento urbano y la pobreza extrema, sino de planificar el desarrollo integral y sostenible en todos los segmentos urbanos de la capital yucateca. He aquí una cuestión que muy pocas de ellas entienden y menos saben cómo hacerlo.
El papel de las cámaras, los colegios, las universidades y las organizaciones es importante pero no como comparsas del Ayuntamiento de Mérida para la planeación sectorial del crecimiento urbano, sino como actores sociales capaces de suplir la ausencia de acciones públicas de desarrollo integral y sostenible.
Más allá de los cambios políticos, estos actores deben impulsar proyectos y programas que sean útiles a las comunidades dañadas por la industrialización mercantil y las empresas involucradas en aprovecharse patrimonialmente de la misma.