No hay flagrancia en delitos ambientales
Hoy sostuvimos una tercera reunión con autoridades ambientales estatales y federales. La primera reunión fue en el Congreso del Estado el 12 de febrero, la segunda en la Sedatu el 7 de marzo, y en esta ocasión en el local de la Central Campesina Cardenista, sólo para entrever más “atole con el dedo” con que se sigue tratando los asuntos para garantizar un ambiente sano, el respeto a la territorialidad y el cuidado del manto acuífero peninsular, tan expuesto, por el carácter kárstico del subsuelo peninsular.
Gran parte del Estado ha sido invadido por los megaproyectos, que en otras latitudes del país han sido rechazados por la sociedad. Los proyectos porcícolas se han venido a asentar en Yucatán con la anuencia de los gobiernos prianistas, que le han dado todas las facilidades para que se establezcan sin garantizar el proceso de sus aguas residuales, respecto al tamaño de su producción y sobrepoblación de crianza y reproducción de cerdos y sin que se haga valer las normas oficiales mexicanas ni el respeto a los modelos industriales internacionales sobre impacto ambiental.
Evidentemente, no hay disposición para que, en materia de defensa ambiental, la 4ª. Transformación llegue por Yucatán si los yucatecos no nos ponemos las pilas en materia de la protección de nuestros territorios y acuífero.
Desde 2008 por decreto existe un Consejo Forestal del Estado de Yucatán como un órgano de consulta, asesoramiento y concertación que tiene por objeto coadyuvar a la planeación, supervisión y evaluación de las políticas de aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos forestales del Estado de Yucatán; coordinar entre los órdenes de gobierno y sectores de la sociedad y fomentar su participación en las acciones que se lleven a cabo para la conservación y restauración de los recursos forestales.
También hay un Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, un Consejo Consultivo Nacional de Desarrollo Sustentable y hasta un Consejo Consultivo del Agua. Pero ninguna de estas instancias está capacitada, según lo expresado en esta reunión, para determinar la flagrancia del delito de la contaminación ambiental y los daños a la naturaleza del agua, la tierra, la flora y la fauna en Yucatán.
Nadie sabe cómo se legalizó el uso de suelo de la empresa porcícola Kekén, entre Kinchil y Celestún, cuando el lugar de su establecimiento está a menos de dos metros del nivel del mar; para que, desde hace más de 6 años, buscando elevar el nivel del lugar tengan que transferir millones de toneladas de escombros de las partes altas (4-5 metros sobre el nivel del mar) a las partes bajas donde se asienta Kekén, (2 metros) que se inunda en tiempos de lluvia y, por lo tanto, la contaminación se desborda.
Desde hace más 6 años también las empresas Constructora Prosser y P.C.G. extraen miles de toneladas de material pétreo de lotes y ejido de Kinchil, para trasportarlo al asentamiento industrial de Kekén, con el fin de elevar el nivel de un territorio rodeado de cenotes, aguadas y pozos hoy en vías de contaminación total.
Los funcionarios ambientalistas sustentan su trabajo diciendo que recientemente han negado la viabilidad de 7 granjas más (4 en Tixpehual y 3 en Maní) en Yucatán, e insisten en que se haga una demanda ante las autoridades ambientales, porque las que se han hecho ante los tribunales judiciales y agrario no son específicas.
Las evidencias del daño ambiental no les sirve, la flagrancia de la contaminación y extracción de material pétreo y los cambios de usos de suelo no son significativos para ellos, porque los lugares donde se extrae el material son lotes particulares y ejidos “donados”, o “rentados” por personas como Agustín Baas, propietario del lote 12 con num. catastral 137 de Tum Pech, uno de los polígonos del ejido de Kinchil.
Los ambientalistas oficiales hacen responsables a las autoridades municipales y ejidales, que son quienes tienen la obligación de hacer las denuncias para que ellos intervengan. La violencia ambiental, las enfermedades, si vuelve a temblar, o un tsunami se devora el poniente del Estado, por tantas perforaciones y pestilencia, eso no se persigue de oficio. Hay tolerancia para los megaproyectos. El desarrollo capitalista industrial es primero, que la vida en el planeta.
Jesús Solís Alpuche
chantzacan@hotmail.com