Rolando Bello Paredes
Bocadillos
A casi tres décadas de la descentralización y federalización de la educación nacional, el proceso resultó, en los hechos, un fracaso rotundo, ante los afanes centralizadores del gobierno federal, en turno y de los anteriores inmediatos. Una muestra hoy, el presidente López Obrador anunció la federalización del sistema educativo de Michoacán: “La federación se encargará de pagarle a todos los maestros” (POR ESTO! 7 abril 2019). Enfatizó: “Significa que la federación se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la educación en Michoacán” (La Jornada 5 abril 2019).
En 1992 se pactó, mediante la firma del “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación”, que la federación transfería a las entidades federativas, la responsabilidad de los servicios educativos de educación básica que tenía a su cargo. Así, los gobiernos federal y estatal de Yucatán convinieron que el segundo se encargaría de la dirección de los establecimientos educativos que tenía a su cargo la SEP, con la finalidad, se expresó entonces, de “corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo”.
Con la presidencial decisión michoacana, ¿retornamos, entonces, al “centralismo y burocratismo educativo”? Sin duda se reafirma la política centralista. Antes, en 2015, inició la vigencia del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), como un “mecanismo de financiamiento ordenado y transparente de la nómina del personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas”. A partir de entonces, la federación dejó de remitir recursos presupuestales a los estados, y aquélla, a nombre y cuenta de éstos, paga el salario de los trabajadores de la educación. Es decir, la federación centralizó el pago de la nómina magisterial.
Así se espera continuará durante la administración de López Obrador (2018-2024). Desde el año pasado lo anunció: “El control de la nómina magisterial seguirá en manos del gobierno federal, como estableció el presidente Enrique Peña Nieto a inicios de su sexenio”. Esta disposición contraviene lo pactado en 1992, ya que el gobierno federal se comprometió a entregar a los estados “los recursos financieros necesarios para la operación educativa”, con el objeto de “elevar la calidad y cobertura del servicio de educación”.
El estado de Yucatán nunca se quejó del retorno al centralismo educativo. Ni en el sexenio anterior, ni en el actual. El silencio ejecutivo estatal indica que está conforme con la centralización de la educación a cargo del gobierno federal. La federalización de la educación básica fracasó en el lapso de casi tres décadas. Recibió “sana sepultura” bajo gobiernos del PRI, PAN y Morena.
Así las cosas, el sistema educativo nacional sigue envuelto en un formidable caos y embrollo jurídico: por un lado, la ley que lo regula contiene disposiciones federalistas, aunque no todas, como las relativas al FONE; y por otro, las disposiciones políticas presidenciales que se orientan a un sistema centralista. Las segundas derrotan a las primeras.
El mal se arrastra desde hace siglos, respecto de la ley: “Obedézcase pero no se cumpla”; o popularmente dicho: “Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.
(Contra) reforma educativa. ¿Se rindió el presidente? En POR ESTO! (9 abril 2019): “El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay acuerdo para que avance su propuesta -que deroga la Reforma Educativa-, cancelará dicha contrarreforma y dejará las cosas como estaban antes del cambio constitucional del 2013”. Sin embargo, el líder de los diputados morenistas contradijo la expresión presidencial y señaló que ellos, en su propósito de una nueva reforma educativa, “no han tirado la toalla”.
Es decir: ¿Retorno al pasado? ¿Un sistema educativo con supremacía de SNTE-CNTE? ¿Vuelta a la compra-venta de plazas? ¿Plazas directivas a cambio de lealtades sindicales? ¿Comisionados sindicales? ¿Dirección compartida SEP-SNTE de los sistemas educativos estatales?
A diferencia de la CNTE, el SNTE manifestó que “seguirá garantizando, bajo cualquier circunstancia, la operación de los servicios educativos”, y se pronunció por la “abrogación de la reforma educativa de 2013”. Antes, recuérdese, el SNTE favoreció la reforma del presidente Peña Nieto. O sea, “el mundo se tambalea”.
Inconstitucionalidad en Yucatán. La mayoría de los congresistas yucatecos de la LXII Legislatura se alineó a los intereses del conservadurismo social del estado y de sus voceros, y optó por conservar una legislación inconstitucional.
Esos diputados no leyeron ni entendieron el criterio del máximo intérprete de la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias con los rubros siguientes:
a). “Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”; y, b). “Matrimonio entre personas del mismo sexo. La definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de éste, vulnera los principios de igualdad y no discriminación”.
Víctor Manzanilla. Electo para el período gubernamental de Yucatán de 1988 a 1994, el gobernador Víctor Manzanilla Schaffer falleció el pasado domingo 7 (POR ESTO! 8 abril 2019). Como se sabe, su administración fracasó en febrero de 1991, tras pedir licencia al cargo ejecutivo.
Lo sustituyó la gobernadora Dulce María Sauri Riancho, quien tampoco concluyó el período constitucional. Quedó como encargado, por los dos meses finales, Ricardo Avila Heredia, hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Manzanilla acusó de su frustrada gestión a los entonces presidente de la República y secretario de la Reforma Agraria, Carlos Salinas de Gortari y Víctor Cervera Pacheco, respectivamente.
A sus adversarios políticos los llamó “políticos rupestres”.
Programa. El “Programa Educativo de Alto Impacto en Seguridad Vial” no es de la estatal Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como equivocadamente se creyó, al tenor de las notas prensa de finales de marzo pasado, sino de un organismo internacional: el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional de Investigaciones”, y de una denominada “Líderes en Mérida”. La participación de la SSP en dicho programa fue la siguiente, según informe de la propia dependencia, obtenido vía acceso a la información pública:
- “La Secretaría de Seguridad Pública, a solicitud de los organismos mencionados, participó con personal experto que impartió pláticas y conferencias, y mostró operativos relacionados con la temática del evento, así como elementos policiales para tomar dichas pláticas, junto con policías de la República Dominicana y municipios de Yucatán. También a solicitud de los organizadores del Programa, la Secretaría facilitó sus instalaciones para la inauguración y desarrollo del curso, concretamente el auditorio y una sala de juntas”.
Confusión presidencial. El presidente de la República, en “la mañanera” del pasado viernes 12, se refirió a la legisladora yucateca Dulce María Sauri Riancho. Hay que precisar, al menos, dos cosas del discurso presidencial: 1. Ella es diputada federal, no “senadora”. 2. Ella no “pertenece a la casta divina”; es coautora del libro “La Casta Divina por dentro y por fuera”, de ahí, posiblemente, la confusión presidencial.
Receso. Los Bocadillos y su redactor tendrán otro, breve, por las vacaciones primaverales, por lo que no publicarán el próximo domingo 21, sino hasta el siguiente día 28 de los corrientes.
Tardeada dominical. El libro de Carlos Monsiváis, “Escribir, por ejemplo”, reproduce una carta del escritor y activista político José Revueltas. Dice Monsiváis: “En la prensa se acusa a Revueltas de ser el autor intelectual del 68. Éste, convencido de su desaparición inminente, escribe una carta dirigida al jefe de la policía Luis Cueto Ramírez, que seguramente envió. Según la recuerdo, el recado es muy escueto:
- Estimado señor: Dicen los periódicos que se me acusa de ser el responsable intelectual del movimiento estudiantil. Al margen de la realidad de estas afirmaciones, lo cierto es que soy un perseguido y que seguramente mi vida corre grave peligro; en rigor, soy un condenado a muerte por el sistema que usted representa. Según la costumbre internacional, los condenados a muerte tienen derecho a una última petición, cuyo cumplimiento es cuestión de honor para quienes lo van a ajusticiar. A sabiendas de la existencia de esta tradición entre nosotros, y en la creencia de que será honrada, puntualmente, le informo de mi último deseo, con toda la cortesía de que soy capaz. Estimado señor: le solicito a usted que vaya y chingue definitivamente a su madre. Le agradezco de antemano la respuesta afirmativa a mi petición”.