Comunicado de UNASSE sobre compra de retrovirales
Las personas con VIH defensoras de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación con respecto al tema del suministro de medicamentos antiretrovirales (ARV) y las nuevas disposiciones que el Ejecutivo expuso por medio de un desplegado el 9 de abril a través de la Secretaría de Salud, en la cual señalan los cambios en la manera de realizar las licitaciones y compras de los tratamientos que nos ayudan a mantener nuestra calidad de vida. A la par, diversos estados se encuentran exponiendo y documentando la realidad actual en cuanto al abastecimiento de ARV; destacan Michoacán, Estado de México, Colima, Campeche, Tlaxcala y Chihuahua, entre otros.
Los cambios que se exponen desde el Ejecutivo se implementan para combatir la corrupción pero se deja a un lado las implicaciones que pudieran suscitarse en las personas de no realizarse las compras de los tratamientos y su distribución de manera oportuna, las cuales van desde la aparición de infecciones oportunistas, la generación de resistencias del virus, lo que resultaría en cambios de tratamientos generando mayores gastos, hasta la última consecuencia posible que es la muerte para aquellas personas que hoy se encuentran en estatus de SIDA y que su salud se puede ver con mayores afectaciones, si el Estado no asegura el tratamiento como hasta ahora.
Con base en los datos recabados del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antiretrovirales (SALVAR) al día 25 de marzo de 2019, Yucatán suministra 28 clases de tratamientos y su abastecimiento en bodega para el Seguro Popular, contaba con insumos suficientes para cubrir lo necesario de 3 semanas en algunas claves y máximo tres meses en la mayoría de estas, lo cual refleja un posible panorama de desabasto en 21 (75%) de las claves de los antiretrovirales para el mes de junio del presente año en el Estado.
Manifestamos nuestro interés en coadyuvar con la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán en las estrategias para evitar el desabasto de ARV en la entidad, a fin de asegurar que ninguna persona que hoy viva con VIH y que se encuentre atendida en el Seguro Popular tenga que padecer la entrega incompleta de su tratamiento, su suspensión o posponer el inicio de este debido a situaciones que vulneren su derecho a la salud.
Gerardo Cabrera Cel. 5512951294 / [email protected]
Manuel Centella Cel. 9991446419 / [email protected]
UNASSE Tel. 9243044 de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas (preguntar por Gerardo Cabrera).
Exigen justicia por fraude en compra de predio
Estimado señor Director General del diario POR ESTO!
Soy David Santana Puch, quien por este medio le pide por favor que dé espacio a esta denuncia pública en la Sección de Voces del Pueblo, ya que fui defraudado con la compra de un predio desde el año 2016 y, hasta la fecha, a pesar de que soy un hombre de la tercera edad y me encuentro gravemente enfermo, no se me ha hecho justicia.
Estos son los hechos:
El 26 de octubre del año 2016 compré a nombre de mi esposa María Ventura Aidé Montañez Sosa, como lo prueba la escritura correspondiente de la Notaría Pública No. 74, a cargo del abogado Mario Enrique Montejo Pérez (Acta 639, Tomo 130, Volumen “A”, Folio 90), el predio urbano marcado con el número 339 de la calle 16, de la Colonia Emiliano Zapata Oriente de esta ciudad y municipio de Mérida.
Por este predio, que me fue vendido por la propietaria del inmueble, Juanita Pech Bermont, alias María Juanita Pech Bermont, pagué, como quedó asentado en la cláusula tercera de la escritura mencionada, la cantidad de $506,000.00 pesos.
Asimismo debo decir que, como doña María Juanita Pech Bermont es ciega, en la cláusula octava el Notario Público hace constar que la señora declara que escucha perfectamente y se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que puso su huella digital y en el mismo acto compareció su hijo William Hilario Sulub Pech, quien manifestó estar absolutamente conforme con el procedimiento.
El caso, señor Director General del POR ESTO!, es que luego de pagarles yo por el predio en cuestión, el hijo de la señora que vendió, William Hilario Sulub Pech, se metió a ese predio, impidiéndome tomar posesión del mismo.
Entonces, para poder defender mi propiedad, contraté a un abogado que me cobró $35 mil pesos, pero no avanzó mi demanda. Luego contraté a otro abogado, que está llevando el caso, de hecho ya hasta tuvimos un careo en los juzgados, pero hasta la fecha estoy esperando que me hagan justicia.
Atentamente.
David Santana Puch