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La coordinadora de los regidores del PRI, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, ofreció todo su apoyo y disposición a los familiares del joven que falleció electrocutado en la colonia Maya para cualquier trámite legal que quieran hacer en busca de esclarecer las causas del suceso y, en consecuencia, castigar a quienes resulten responsables.

Dijo que, independientemente de ello, junto con otros regidores de su bancada ha estado al pendiente de los hechos y ha solicitado al Ayuntamiento de Mérida que corrija las fallas que pudieran haber en los parques y espacios recreativos de la ciudad, a fin de garantizar la seguridad a los miles de usuarios que a diario acuden a esos sitios.

Subrayó que es innegable que muchos de esos espacios recreativos se encuentran en malas condiciones por falta de un mantenimiento adecuado y que, en consecuencia, representan serios riesgos para la integridad física de las familias que ahí acuden.

“Bomba de tiempo”

Aseveró que hay muchos postes del alumbrado público en parques que tienen por fuera cables que constituyen un riesgo para todos los que concurren a diario y que la autoridad municipal no puede echarle la culpa a nadie, porque por muchos años el mismo partido (PAN) ha gobernado el municipio y, por lo tanto, es su responsabilidad el tipo de infraestructura instalada y el cuidado y mantenimiento de la misma.

También observó que los descuidos por los cables que salen de los postes por todas partes, así como los tanques de gas que instalan los venteros sin ningún tipo de control, son una “bomba de tiempo”, que tiene que ser atendido con prontitud.

En cuanto a las quejas y reportes de vecinos, exhortó a que se hagan solicitando el folio respectivo para que en su momento se le pueda dar el seguimiento adecuado y sirvan, en su caso, como pruebas de que no se han atendido esas fallas.

Respecto a la negligencia o irresponsabilidad del alcalde Renán Barrera Concha en la muerte del muchacho de la colonia Maya, explicó que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados con medidas administrativas por los actos u omisiones que afecten su eficiencia en la observancia en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Apuntó que dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con la responsabilidad cometida y a los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

Asimismo, se reconoce la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

(Rafael Mis Cobá)

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