La administración del Aeropuerto Internacional de Mérida interpuso ayer una denuncia penal contra el Grupo B-Terra por pretender construir accesos para un complejo comercial sobre una de las calles de entrada a la central aérea sin contar con los permisos correspondientes.
Las autoridades aeroportuarias solicitaron incluso el auxilio de la Policía Federal para resguardar el área, debido a que trabajadores de la empresa no sólo insistían en invadir la vía conocida como la calle 23, sino que además llevó a un grupo de choque con la intención de amenazar a los vigilantes que acudieron al sitio para verificar que no se afectara ese acceso, explicó a POR ESTO! el administrador del aeropuerto, Oscar Carrillo Maldonado.
Dijo que la Dirección General de Aeronáutica Civil le entregó el pasado 13 de junio a la administración del Aeropuerto, el documento que corrobora que la calle 23 es zona federal y forma parte del polígono concesionado para su administración.
Arbitrariedades
Sin embargo, aseveró que los inversionistas e inmobiliarios del Grupo B-Terra y Bepensa, de manera arbitraria empezaron ayer desde temprano a romper tramos de la calle 23 para pretender construir tres accesos al complejo comercial en construcción, pese a que es zona federal concesionada a la administración del Aeropuerto Internacional de Mérida.
Lamentó la actitud de los inversionistas de la obra, ya que desde el pasado 15 de mayo se llevó a cabo una reunión precisamente para discutir el tema, en la que se acordó que no podía intervenirse en la calle 23 en tanto no se tengan los permisos correspondientes por parte de la SCT, así como los estudios correspondientes que determinen que no se afectará la vialidad a la central aérea.
Recordó que, en esa reunión, estuvieron representantes del Grupo B-Terra, del Catastro de Mérida, de Desarrollo Urbano, del Centro SCT y de la Policía Federal.
Carrillo Maldonado aclaró que la administración del Aeropuerto no está cerrada al diálogo para resolver el asunto, siempre y cuando se respete la normatividad vigente y no se afecte la vialidad de entrada a la terminal aérea.
La denuncia interpuesta ayer ante la delegación de la Fiscalía General de la República se suma a una previa presentada el pasado 10 de mayo, cuando se registró el primer intento de los inversionistas de invadir la calle 23.
(Rafael Mis Cobá)