“El fuero para el gran ladrón,la cárcel para el que roba pan”.Pablo Neruda
El juicio de amparo fue creado a fin de que los ciudadanos pudieran reclamar la violación a sus derechos humanos por actos de cualquier autoridad. Desgraciadamente la práctica de este juicio no siempre obedece al fin con el que fue constituido, y lejos de ser un recurso para acceder a la justicia, ha demostrado ser una salida para quienes han cometido crímenes por los que deberían ser juzgados, dejando en la sociedad un mal sabor de boca y una apreciación de que en México no puede hacerse justicia.
A pesar de que existen avances como las reformas constitucionales que se dieron en 2011 en materia de amparo y derechos humanos a fin de poder consolidar al juicio de amparo como un instrumento accesible a todos aquellos que se sienten vulnerables en la protección de sus derechos, estos avances no han sido suficientes, porque tal parece que antes de cometer un ilícito, los delincuentes acuden a sus abogados quienes estudian la probabilidad de quedar protegidos con esta figura, por lo que tanto el diseño como la operación exigen una revisión que no impida la impartición de justicia a quienes han cometido algún crimen, lo cual es un tema urgente de atender.
Pareciera que el juicio de amparo ha perdido su razón de ser que es el de asegurar el cumplimiento de la Constitución, para dar lugar a una tercera instancia cuando las resoluciones judiciales no son favorables. Los abogados ciertamente abusan de esta figura lo que genera una mala percepción de las autoridades judiciales locales que carecen de controles al respecto.
Definitivamente este juicio ha sido un impedimento para poder resolver los asuntos formales y procesales, ya que éstos son incompatibles si existe un amparo para la impartición de justicia que sea completa y eficaz, la cual ponga a los delincuentes en el lugar que deben estar, sin desatender las demandas injustificadas a las personas inocentes, que son las que muchas veces encuentran barreras para protegerse a través del amparo, por desconocer su figura o por ser necesaria una asesoría jurídica ya que el procedimiento para obtenerlo implica tecnicismo y complejidad, a lo que hay que añadir que los servicios jurídicos por lo general son costosos, lo cual es una limitante a tener acceso a la justicia para muchas personas.
Debido a su diseño, el amparo no garantiza un resultado de reparación para quien lo tramita, lo que puede generar insatisfacción y la percepción de que se está cometiendo una injusticia, si a esto aunamos las deficiencias en las sentencias que muchas veces no coinciden con el amparo gestionado, por lo que esta figura queda en manos de quienes tienen un respaldo jurídico que los ayuda a sortear sentencias.
En el proyecto de Diálogos por la Justicia Cotidiana, se estableció una mesa de trabajo que fue titulada “Resolución del fondo del conflicto y amparo” cuya tarea fue analizar cómo puede fortalecerse el amparo como un medio extraordinario de control constitucional a fin de privilegiar la resolución del fondo de los conflictos por encima de los requisitos procesales, teniendo como objetivo que el amparo sea un recurso judicial rápido, sencillo y efectivo para la defensa y reparación de las violaciones de los derechos humanos.
A lo que sin duda debería de añadirse una cláusula en la que se prohíba que cualquier funcionario público recurra a esta figura, cuando exista un conflicto de intereses, y se encuentre en una investigación ya sea por malversación de fondos, sobornos, o abuso de poder.
Solamente así podremos estar seguros de que quienes fueron nuestros gobernantes no gozarán de impunidad ni los veremos en la prensa rosa asistiendo a eventos sociales, causando la indignación de un México que se siente plagado de impunidad por un sistema jurídico que parece no estar funcionando.