Poder Judicial de Yucatán, reprobado en transparencia

Fátima Gamboa Estrella, coordinadora del área legal de la asociación Por Justicia para las Mujeres, dijo ayer que en Yucatán el Poder Judicial está reprobado en transparencia en el concepto de justicia abierta.

Y explicó:

-El ranking de justicia es de 100 puntos a cero: cien puntos es cumplido, 50 es parcialmente cumplido y debajo de 50, incumplido.

-¿Qué encontraron en Yucatán?

-De manera general, de 100 puntos que es el óptimo que deberían de tener los poderes judiciales para cumplir con sus obligaciones de transparencia, tuvo 47.5. Es decir, en Yucatán el Poder Judicial está reprobado en justicia abierta.

-¿Cómo se llegó a esta calificación, cómo se evaluó?

-A Yucatán le preguntamos si tenía el registro de cuántas sentencias había emitido en 2017, y sí tenía el registro, lo cual le dio una calificación de 10. Le preguntamos que de estas sentencias que eran 1,400, cuántas estaba publicando, y ojo, de estas 1,400, únicamente está publicando el 13%.

-¿De ese 13%, qué sentencias está publicando?

-Pues únicamente está publicando las que son de orden constitucional o que son relevantes porque sientan ciertos precedentes. Pero esto quiere decir que todos los juzgados de primera instancia, que están en Kanasín, que están en Valladolid, que están en Tekax, que están en Umán, que están en Mérida, y que ven la mayoría de los casos de la gente, simplemente no se publican. Ochenta por ciento de las sentencias que tiene Yucatán no se están publicando; por lo tanto, no sabemos cómo están resolviendo los jueces.

-¿Puede mencionar algunos casos en concreto?

-Tenemos algunos casos, Amelia Ojeda, de Unasse, va a presentar algunos casos y algunos números de sentencias, en donde se advierte discriminación, sobre todo dirigida a mujeres, a personas con discapacidad, personas indígenas y personas de la población LGBT.

-¿Qué va a presentar Amelia?

-Va a presentar sentencias que obtuvimos a través de solicitudes de acceso a la información, sentencias que tienen que ver con discapacidad, con población LGTB, sentencias que tienen que ver con población indígena, y donde vemos que en Yucatán, a pesar de la reforma de 2011 de derechos humanos obligaba a cambiar la forma de impartir justicia, en Yucatán seguimos teniendo una justicia de prejuicio, de estereotipo, pero además una justicia que se oculta a la sociedad yucateca que no podemos conocer, y si no la podemos conocer, cómo vamos a evaluar al Poder Judicial y cómo va a cambiar esas prácticas de discriminación si no hay transparencia.

Las sentencias que va a presentar Amelia son estereotipos, o sea, juzgar sin prueba, es como si yo pusiera a mi mamá o a mi abuelita a impartir justicia a fulanita. Ella en base a lo que cree, en base a lo que piensa, va a emitir la sentencia. Es una justicia de creencia que no está basada ni en derechos humanos ni en evidencia.

Organización pro derechos humanos

-¿Fátima, qué es Por Justicia para las Mujeres?

-Somos una organización feminista que se encarga de trabajar en política pública e impartición de justicia para garantizar que la justicia que reciban las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad y los indígenas sea una justicia acorde a un marco de derechos humanos.

-¿Y por qué una organización feminista está impulsando temas de transparencia judicial?

-Esto tiene que ver porque en el 2015 tratamos de iniciar un monitoreo a los poderes judiciales de cómo estaban incorporando la reforma del 2011 en Derechos Humanos en sus sentencias. Se hablaba de que se había designado mucho presupuesto para capacitación. Todo el tiempo estábamos escuchando: Se capacitan en género, en derechos humanos, se hizo incluso un protocolo para juzgar con perspectiva de género desde la Suprema Corte, se dijo que se estaba aplicando el protocolo. Entonces como organización dijimos pues vamos a mirar cómo los jueces y las juezas están incorporando esta perspectiva de género y esta perspectiva de derechos humanos en sus sentencias. Y al tratar de ser un observatorio de sentencias, nos dimos cuenta de que simplemente las sentencias no estaban disponibles en los portales de transparencia de los poderes judiciales. Revisamos las leyes locales de transparencia y vimos que esa obligación sí estaba dirigida a los poderes judiciales, y sin embargo era una obligación que en 2015 no se estaba cumpliendo.

El mismo año surge la Ley General de Transparencia, y cuando revisamos cómo habían salido las obligaciones de los poderes judiciales, vimos que se habían reducido la obligación de publicar sentencias, pues si antes los poderes judiciales estaban obligados a publicar todas las sentencias, ahora únicamente las que se consideraran de interés público.

Jueces y parte

-¿Y qué es lo problemático con el concepto de interés público?

-Que son los propios poderes judiciales los que están definiendo qué si publicar y qué no publicar en función del interés público. Entonces nos dimos a la tarea de hacer este informe en donde estamos evaluando tres cosas: Uno: ¿Están publicando o no sentencias los poderes judiciales? Dos: ¿Qué están considerando de interés público? Tres: ¿Tienen mecanismos de participación ciudadana? Cuatro: ¿Están abiertos a dialogar con organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio y universidades? Y cinco: ¿De qué forma lo están haciendo? Que eso es un poco el concepto de justicia abierta.

Entonces hicimos solicitudes de acceso a la información a todos los poderes judiciales del país, incluyendo a Yucatán. Y eso es lo que el día de hoy vamos a presentar.

-¿De dónde es usted, Fátima?

-Yo soy yucateca, orgullosamente maya, y estudié una maestría de Derechos Humanos en la Universidad Ibero y en la Facultad de Derecho de la Uady. Y soy la coordinadora del área legal de la organización Por Justicia para las Mujeres.

La entrevista se llevó a cabo en el Centro Cultural Olimpo, en el marco de la presentación del documento (IN) Justicia Abierta, ranking de opacidad judicial en México, en el que participaron las organizaciones Por Justicia para las Mujeres, Red por la Ciudadanización de la Justicia, así como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

(Roberto López Méndez)