Desatinadas declaraciones de un legislador

Ariel Avilés Marín

Existe un principio legal que reza: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. Este principio legal viene como anillo al dedo a las desatinadas declaraciones del diputado panista Manuel Díaz Suárez que, por añadidura, es médico. Todo ciudadano tiene la absoluta libertad de profesar la religión que se le ha inculcado en el seno del hogar, de aplicar sus principios en su vida, la de su familia, en sus relaciones con quien le rodea, con sus correligionarios; pero nunca tratar de aplicarlas a asuntos de la vida pública, que conllevan la afectación a los derechos y deberes de otras personas. La facultad de legislar es una función de orden público, social y, por ley, laica.

Desafortunadas las declaraciones del legislador local, pues al tratar de justificar su voto contra los Derechos Humanos de una minoría, pone en evidencia que, antepuso sus convicciones religiosas, a su labor de tomar decisiones que deben incluir a todos los ciudadanos, sin excepción de ninguna especie. Eso es muy lamentable, y además, lo pone en un predicamento en su delicada función de emitir leyes justas y sin distinciones.

Su declaración sobre lo que los ciudadanos opinen sobre su voto, nos da noticia de su desconocimiento en materia de Derechos Humanos. El galeno, textualmente, dice: “Es sencillo. Él es un militante que es gay (José Pablo Quiñones) y está inconforme de que no se haya aprobado el matrimonio igualitario, pero a lo mejor habría que preguntarle a una persona heterosexual y yo creo que ella estaría a favor de que no se haya aprobado”. O sea, para el señor diputado, el derecho de una minoría, puede y debe estar sujeto a la opinión de la mayoría. Tremendo disparate. Una minoría es un grupo vulnerable, sus derechos deben ser velados y salvaguardados por la administración pública. Lo he dicho hasta el cansancio: Los derechos de las minorías no pueden, no deben estar sujetos a la voluntad y el criterio de las mayorías.

Además, al diputado, es más, a esta soberanía que es el Congreso del Estado de Yucatán, no le ha quedado claro cuál es su función en este caso. El asunto no era materia de discusión de una sesión plenaria; no se trataba de saber qué opinan sobre el matrimonio igualitario, ese asunto ya está rebasado, está rebasado por una ley de orden constitucional, como lo es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este tribunal constitucional ya se pronunció al respecto, y ha declarado inconstitucionales todas las leyes que contemplen el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; como es el caso de la legislación yucateca. O sea, nuestra ley contraviene el orden constitucional e inevitablemente, antes o después, ha de ser adaptada a este orden superior. Si la legislatura local quería evitar adaptar la ley local, pues sencillamente no tocaban el punto y le daban largas así; pero no, ellos eligieron exhibirse como contrarios a los Derechos Humanos, tomaron acciones, y con ello, no se han dado cuenta, se pusieron la soga al cuello, pues su acción ha lugar a emprender contra ella recursos legales que si proceden, y los llevará a hacer lo que no querían, adaptar la ley local al orden constitucional. ¡Muy triste su caso!

Al abundar sobre el tema, el legislador toca otros, y dice que en el asunto “hay intereses ocultos”. ¡Nada oculto, señor diputado! La comunidad LBGTTT se ha manifestado abiertamente sobre lo que pretende, sobre los derechos que le asisten, sobre la segregación a la que largamente ha estado sometida, y sobre otros tópicos más que, también, antes o después, se han de ir tratando y reconociendo. Es inevitable, así sus prejuicios religiosos judeo-cristianos no se lo permitan concebir.

Desde luego que están pendientes, y se llevarán también a la categoría de leyes, asuntos como la despenalización de las drogas, la eutanasia, el aborto, no le quede la menor duda. Qué limitada es su visión cuando dice que este asunto “compra la visión de un solo grupo que se ha querido colgar de que es un tema de Derechos Humanos, pero todavía hay mucho debate al respecto”. El señor legislador tiene duda de que se trata de un tema de Derechos Humanos. ¡Me hacen ustedes el favor!

Como miel sobre hojuelas, agrega: “Hay lugares donde se ha aprobado el matrimonio igualitario, y no funciona”, y señaló que ahí siguen habiendo problemas. Alguna información que le puede ser útil al señor diputado. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en el Reino Unido desde 2004, y no ha sido causa de ningún problema. Existe en España, desde 2005, y sin novedad en el frente. Es legal en todo Estados Unidos de América, desde la sentencia de 2015, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, bajo la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Diecinueve estados de la República Mexicana reconocen ya la validez de estas uniones. En julio de 2013, se llevó a cabo el primer matrimonio en Yucatán entre dos hombres, y no nos ha llovido fuego del cielo por la ira de algún ser superior, y los contrayentes siguen viviendo hasta hoy en feliz unión. Más de cien parejas del mismo sexo se han casado en Yucatán mediante sentencia de amparo, y lo seguirán haciendo otras más.

Señor diputado, usted y quienes votaron y piensan como usted, están montados en el carro equivocado de la historia, ésta les ha rebasado y su fallo no perdona. Sus declaraciones le han puesto en una terrible evidencia, nos dan noticia de que usted no está capacitado para la delicada responsabilidad de emitir leyes que contemplen e incluyan a todos los ciudadanos sin excepción alguna; y eso, es muy grave y muy lamentable. ¡Está usted a tiempo de recapacitar! ¡Por el bien de todos, ojalá que lo haga!