El actual encargado de la Procuraduría Agraria, Felipe de la Cruz Díaz García, perdonó al grupo de pseudo ejidatarios que durante siete días tomaron ilegalmente el edificio de la dependencia, ya que tras una reunión sostenida ayer con los inconformes accedió a retirar la denuncia penal que había interpuesto por el secuestro de las oficinas.
Con esta decisión tomada por el funcionario federal, parece que la impunidad seguirá presente en los temas agrarios, además de que sienta el precedente de que cualquier grupo inconforme que no esté de acuerdo con la actuación de un servidor público puede ocupar y secuestrar un edificio público sin que reciba sanción alguna.
(POR ESTO! publicó ampliamente que, desde el pasado martes 17, un grupo de personas financiadas por empresarios especuladores de tierras tomaron por la fuerza las oficinas de la PA y pidieron la renuncia de su titular, Alfredo Ramírez Gómez, a quien acusaron de “corrupto”, pero la realidad es que no lo querían en el cargo porque el funcionario actuaba con verticalidad y había comenzado a poner orden en el asunto, lo que impedía que los especuladores y comisarios corruptos siguieran con sus mañas y procesos ilegales para despojar de las tierras a los campesinos).
Una farsa
Ayer mismo quedó también en claro que la toma del edificio fue en realidad una farsa y sólo buscaba ejercer presión para que Ramírez Gómez no fuera ratificado en el cargo, debido a que desde el pasado 31 de mayo renunció a su encomienda, en atención a la circular emitida por la Secretaría de Hacienda federal para todos los funcionarios del país que estaban bajo la figura de delegados de dependencias.
El grupo de “ejidatarios” asesorados por Salvador Arteaga Trillo (empleado y operador de Alfonso “El Mosco” Pereira Palomo) sabía que Ramírez Gómez ya no tenía la responsabilidad de la Delegación de la PA desde el pasado 31 de mayo, pero armaron el “show” para ejercer presión y evitar la ratificación en su cargo, lo que al parecer lograron.
A la reunión de carácter privado que se llevó a cabo ayer, de 12 a 14 horas, en las oficinas de la representación del Gobierno Federal, estuvieron presentes Salvador Arteaga acompañado por ejidatarios y ex comisarios de Ixil, Seyé, Muxupip, Chabihau, Tecoh, Chocholá y Tetiz, precisamente donde se ha acusado despojo de extensas superficies de tierras a los campesinos por parte de los voraces empresarios y las ex autoridades ejidales corruptas, y donde el ex delegado de la PA había empezado a intervenir para poner orden y evitar que continuaran los despojos.
El otro grupo
La representación del Gobierno Federal precisó que Alfredo Ramírez no deja el cargo porque los inconformes tomaron la Procuraduría, sino porque su período de delegado fue del 4 de diciembre del 2018 al 31 de mayo del 2019. A partir del primero de junio se nombró encargado del despacho a Felipe de Jesús Díaz García.
Sin embargo, Alfredo Ramírez sigue como parte del equipo del Procurador General y puede ser nombrado coordinador o asesor para cualquier parte de la República.
Según se informó, el grupo de Arteaga Trillo dijo que presentaron 10 denuncias ante el órgano interno de control de la PA contra Alfredo Ramírez y, asimismo, pidió que se hagan las investigaciones correspondientes.
De igual forma, Arteaga Trillo y representados solicitaron que se retire la denuncia que Díaz García presentó en la Fiscalía General en su contra por la toma de la Procuraduría, a lo que la representación del Gobierno Federal accedió y, para ello, se les ofreció una reunión de conciliación en la Fiscalía para hoy miércoles o a más tardar mañana jueves, “donde el encargado de la Procuraduría Agraria declare que ya recibió las oficinas y que todo está en orden, sin nada que se haya extraviado o haya que reclamar, a fin de que se firme el acuerdo por ambas partes para que estén más tranquilos y no haya nada que reclamar”.
A las siete de la noche de ayer mismo, la representación de la PA tenía programado recibir a Claudia Cob, la comisaria de Chocholá y representante del otro grupo de ejidatarios que apoyan que se quede en el cargo Alfredo Ramírez.
Se dio a conocer que la versión de ambas partes se plasmará en una minuta que será enviada al Procurador Agrario y al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que tomen las medidas conducentes a seguir.
(Rafael Mis Cobá)