“No más discusiones de dónde quedó el dinero, con esto podemos dar la certeza para que el dinero en efectivo tenga un destino verificable y cuantificable”, explicó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín al presentar una iniciativa con proyecto de decreto para dar certeza al resguardo y destino del dinero efectivo que se asegure al crimen organizado.
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, Ramírez Marín señaló que se requiere establecer obligaciones para que el dinero producto de hechos delictivos que se asegura, tenga un procedimiento desde su localización hasta que llega a manos de la autoridad facultada para resguardarlos y administrarlos, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no ofrece certeza a los funcionarios que tienen el primer contacto con el efectivo.
“En consecuencia, se propone que las autoridades que localicen indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de hechos delictivos deberán tomar fotografías de los mismos, o bien videograbarlos, así como describir en las actas correspondientes su cantidad, peso y volumen”, detalla el documento.
Cadena de custodia eficaz
Asimismo, hace énfasis en la necesidad de que exista un procedimiento eficaz que asegure la cadena de custodia, de ahí que adiciona al Artículo 235 de dicho código medidas específicas para el aseguramiento de monedas, billetes y divisas producto de hechos delictivos, a fin de que se garantice que queden a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y se mantenga un registro fidedigno de lo asegurado, existiendo certeza de su destino.
Además, la iniciativa adiciona dos párrafos al Artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la cadena de custodia sea efectiva desde la localización, a manera de que se preserven y dispongan en la forma en que fueran encontrados.
El senador por Yucatán recordó que, desde el mes de junio, presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), informen sobre el destino de los recursos y bienes asegurados a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, toda vez que existen declaraciones e información periodística que dan cuenta de que las autoridades habrían detectado operaciones por más de cinco mil millones de pesos, producto de las actividades ilícitas de la organización que encabeza.
(Rafael Gómez Chi)