La prisión de Rosario ¿justicia o negociación?

Jorge Canto Alcocer

Tras muchos dimes y diretes, finalmente este martes ingresó a prisión, con carácter de preventiva, Rosario Robles Berlanga, icónica política mexicana que transitó desde la extrema izquierda a la derecha neoliberal en una accidentada y prolongada carrera. Robles, en lo personal, es una mujer inteligente y carismática, y el carácter mediático que le ha dado y se le ha dado a su caso ha concitado por igual condenas y simpatías, resultado más de su personalidad que de los hechos que la tienen hoy en el penal de Santa Martha Acatitla, en la misma ciudad que gobernó por unos meses en el año 2000, y en donde le entregó el poder ni más ni menos que Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de la república.

Vistos los hechos de manera recta, la situación jurídica de Robles Berlanga es muy clara: debe su prisión a estar siendo procesada como parte del complejo caso conocido como “La Estafa Maestra”, un enredadísimo complot que permitió al gobierno de Peña Nieto desviar más de 8 mil millones de pesos a lo largo de cinco años con el concurso de un centenar de funcionarios federales, cerca de 200 empresas, entre reales y ficticias, e incluso una decena de universidades. Presuntamente, esa inmensa cantidad de dinero fue desviada en un intento de fortalecer al Partido Revolucionario Institucional, aunque, según los usos y costumbres, gran parte de ella debió quedar en los bolsillos de los involucrados. Hasta ahora, no se acusa a Rosario de ser una de las vivales que participó directamente en la desviación, sino de NO haber procedido contra los involucrados, pese a tener información puntual por parte de la Auditoría Superior de la Federación al respecto. En otras palabras, no se le acusa de corrupta, sino de omisa, un delito NO grave en sí, aunque sí de gran significación por la magnitud de los recursos involucrados.

La decisión judicial de declararle prisión preventiva también es muy clara: se tomó ante la opacidad de su situación domiciliar, su carácter de desempleada y su prolongada y no justificada residencia en Costa Rica. Hasta ahí, la situación pareciera ser simple: una alta funcionaria de gobierno está sufriendo las consecuencias de NO haber cumplido con sus responsabilidades, y haber ocasionado con ello un enorme daño a las finanzas públicas del país.

Pero… las cosas se enturbian si las analizamos con detenimiento. NO estamos hablando de unos cuantos centavos, ni de un simple robo al erario: estamos hablando de una de las operaciones cruciales del gobierno de Peña Nieto y del PRI para intentar su sobrevivencia política, una operación que contó CON TODA SEGURIDAD con el visto bueno del propio presidente, de los secretarios de Hacienda del pasado sexenio e incluso de quienes en ese entonces encabezaban la Auditoría Superior de la Federación. Efectivamente, Rosario es la primera cabeza que cae, pero si ella rompe con los acuerdos y las lealtades tácitas, se contarán por cientos los funcionarios procesados, así como en decenas los empresarios y administradores universitarios en la misma crítica situación.

Por otro lado, es claro que Rosario salió del país desde que se materializó el cambio de gobierno precisamente poniendo tierra de por medio ante los hechos jurídicos que ella conocía perfectamente y que estallaron cuando aún Peña Nieto era presidente y ella ministra en su gabinete, en actitud similar a lo que hizo en la primavera de 2004, cuando se vio involucrada en el complot de los videoescándalos, orquestado, entre otros, por el entonces presidente Fox, Carlos Salinas de Gortari y el “Jefe” Diego. También es claro que Rosario regresó al país, NO por tener las “faldas bien puestas”, ni para dar la cara, como ha dicho –de ser así, se hubiera quedado a hacerlo desde el momento en que terminó su encomienda gubernamental-, sino obedeciendo instrucciones de alguien. También es claro que, pese a haber declarado que no tiene recursos para huir, es defendida por seis abogados y a su audiencia de vinculación llegó auxiliada por un importante número de escoltas. Todo ello evidencia, precisamente, lo contrario a lo que declara.

La prisión de Rosario puede realmente ser el primer paso en firme para acabar con la corrupción y la impunidad. Aun cuando hasta ahora sólo se le hayan podido comprobar faltas relativamente menores, lograr que ella y todos los involucrados las paguen es fundamental para que el gobierno recupere la confianza de la ciudadanía y para que se sienten precedentes ejemplares; pero también hay suficientes evidencias para pensar que es sólo la “cabeza de turco” del grupo de Peña Nieto, y su prisión un evento más de negociación política. Por eso es preciso observar detenidamente el caso y exigir sea ventilado con toda la transparencia que se amerita.