Por mayoría de votos, el pleno del Congreso del Estado decidió no ratificar a César Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, por lo que se deberá inicia en breve un proceso para elegir a su sucesor.
En la sesión de apertura del periodo de sesiones, se puso a consideración de los 25 diputados el dictamen de no ratificación del magistrado que fue aprobado el pasado viernes en la Comisión de Seguridad y Justicia.
Ayer, 14 diputados del PAN, MORENA, Movimiento Ciudadano, Panal y Verde Ecologista, votaron a favor del dictamen de no ratificación, mientras que 11 diputados del PRI y del PRD votaron en contra. Al final, como se necesitaba mayoría simple, es decir 13 votos, para la aprobación del dictamen éste se aprobó sin mayores problemas, con lo que se avaló la no ratificación del magistrado.
Con la negativa se deberá abrir un proceso para elegir a un nuevo funcionario, el cual deberá ser seleccionado de una terna que debe presentar el titular del Ejecutivo al Congreso del Estado. Mientras esto ocurre, quedará al frente del tribunal el segundo a bordo que es el secretario de acuerdos, ya que Antuña Aguilar finaliza su encargo el día de hoy.
La ratificación le hubiera dado al magistrado un periodo de 9 años más al frente del tribunal, con lo que habría llegado a 15 años en total, con derecho a una jubilación y pensión vitalicia. Pero, por ahora, esta posibilidad parece haberse esfumado.
Diputados del PRI y del PRD hablaron en contra del dictamen de no ratificación. El presidente de la Comisión de Justicia, Luis Borjas Romero (PRI) recordó que los magistrados del Poder Judicial podrán ser ratificados en su cargo siempre que durante su ejercicio hayan actuado con apego a los principios que rigen la actuación judicial, pero para tal efecto es el pleno del Tribunal Superior de Justicia el que formulará la evaluación de desempeño que acredite la actuación profesional y ética en el cargo.
Dijo que en este sentido la evaluación que el Poder Judicial presentó al Congreso del Estado fue favorable al magistrado, por lo que la ratificación del funcionario debería ser con base en un estricto análisis de desempeño en la función judicial.
Sin embargo, dijo que con el dictamen de no ratificación se pone en tela de juicio la evaluación hecha por el Poder Judicial, la cual le dio el 82% de eficiencia en las resoluciones durante un periodo de 6 años.
Borjas Romero señaló que, a pesar del dictamen, el magistrado contaba con todos los elementos legales y constitucionales “para salvaguardar y garantizar los principios de independencia, permanencia e inamovilidad judicial a favor del ciudadano”.
Por su parte, el diputado Alejandro Cuevas Mena (PRD) dijo que la ley se debe respetar y en este sentido ya hubo una evaluación del Poder Judicial, por lo que consideró fuera de lugar cuestionar, juzgar la labor del magistrado sin contar con argumentos jurídicos pues dijo que si hay acusaciones contra él éstas se deberían dirimir ante las instancias correspondientes.
Además, consideró que la Comisión de Justicia se extralimitó en sus funciones al votar un dictamen de no ratificación porque debe ser el pleno el que haga lo conducente y no los órganos técnicos.
Dijo que las acusaciones de quienes apoyaron la no ratificación no tienen fundamento pues los adeudos de más de 700 millones de pesos de los ayuntamientos por laudos no son culpa del magistrado sino de los despidos de miles y miles de empleados.
El coordinador de los diputados del PRI, Felipe Cervera Hernández, destacó que el magistrado contaba con todos los requerimientos de ley para el cargo, entre ellos una evaluación positiva de parte del Tribunal Superior de Justicia, por lo que consideró que la ratificación sería lo procedente y conforme a derecho.
Además, dijo a los detractores del magistrado que el que acusa está obligado a probar y en este sentido las acusaciones fueron sólo dichos y sin sustento. Reiteró que es facultad del Congreso la ratificación pero que ésta se debe hacer conforme a derecho.
A favor del dictamen de no ratificación hablaron las diputadas Silvia López Escoffié (MC) y Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), entre otras, quienes acusaron al magistrado de diferentes anomalías, pero sin aportar elementos de prueba.
La de Movimiento Ciudadano dijo que Antuña Aguilar no cumplió cabalmente con su obligación al frente del tribunal y que no cumplió con el principio de celeridad ya que no apuró los juicios y éstos se multiplicaron y afectaron la hacienda de los municipios.
Además, consideró que nunca tuvo voluntad para proponer las reformas necesarias para que se hiciera valer la ley, además de que faltó al principio de excelencia y eficacia. Dijo que en su periodo se dieron más de 4 mil 800 demandas contra ayuntamientos y que sólo se emitieron más de 400 sentencias y hoy existe una deuda de los ayuntamientos por laudos de más de 700 millones de pesos.
Sin decir quiénes, aseguró también que hay litigantes y abogados que acusan al magistrado de diversas irregularidades, como tráfico de influencias y de pactar con municipios, entre otros.
Esta misma acusación fue respaldada por la diputada Díaz Lizama, aunque tampoco aportó nada más que el dicho de que hay abogados que lo acusan. Defendió que el Congreso tiene la decisión de ratificarlo o no, sin importar la evaluación técnica que hizo el Tribunal Superior de Justicia.
De hecho, dijo que esta evaluación le dio un 82 por ciento al magistrado, lo que dijo no es suficiente pues aseguró que el Tribunal Superior de Justicia necesita alguien que tenga una calificación del 100 por ciento.
Dijo que una calificación del 82 por ciento pone en duda el quehacer del Poder Judicial y en este sentido dijo que el magistrado le ha quedado a deber a los ciudadanos.
Consideró que el actual magistrado presidente no ha cumplido con velar por los intereses ni de la ciudadanía ni de los ayuntamientos, y es por eso pidió el voto para no ratificar al magistrado y con ello, dijo, se dará al Poder Judicial la oportunidad de contar con otra persona en el cargo y que será elegida por el Congreso del Estado.
Trascendió que dadas las condiciones en que se dio la no ratificación, Antuña Aguilar podría ampararse contra la resolución tomada por el Congreso del Estado y en caso de obtener el amparo de la justicia podría ser reinstalado en el cargo.
Otros asuntos
Durante la sesión de apertura, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad la convocatoria para elegir a un miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción, para lo cual se convoca a instituciones de educación superior y de investigación, para que propongan a candidatos para el cargo, con un período de tres años; para lo cual, se otorgarán 12 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación, para la presentación de propuestas.
También fue avalada la convocatoria para designar a tres consejeros consultivos del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), para lo cual se invita a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y sociedad en general, para la realización de propuestas en un plazo de 12 días hábiles, contados a partir de su publicación.
Alejandro Cuevas Mena (PRD) invitó a sus compañeros legisladores ayudar a estas convocatorias a tener la máxima publicidad, para ser “los más grandes proactivos de este tema”, incluso visitando a quienes tienen la posibilidad de presentar candidatos, para que sean parte de la vigilancia de las cuentas públicas.
De la misma manera, las siete fuerzas políticas avalaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por Alejandro Cuevas para que el Congreso del Estado incluya en su organización y funcionamiento los principios del modelo de Parlamento Abierto e inicie las acciones establecidas en la Alianza para el Parlamento Abierto en México.
Las y los diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo para que el Congreso de Yucatán exhorte respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, para que lleve a cabo las reformas y adiciones necesarias al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de México, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 27 de enero de 2016, con el objeto de precisar que no se debe utilizar la unidad de medida y actualización sino el salario mínimo como referencia para el cálculo de pensiones y jubilaciones.
Erigidos en Constituyente Permanente, la actual Legislatura aprobó por unanimidad la minuta de la Cámara de Diputados para adicionar el apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las personas y los pueblos afromexicanos puedan gozar de derechos, autonomía e inclusión social.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria para el próximo miércoles 4 de septiembre del presente año a las 11 de la mañana.
(David Rico)