El Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció ayer por la mañana la cancelación del impuesto a la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública debido a que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, le informó que era inviable cobrarlo mediante los recibos de luz y para evitar conflictos jurídicos.
En un mensaje que dio a las 07:04 horas de la mañana en el Salón de la Historia, el mandatario informó que también tomó la decisión porque “somos un gobierno cercano y que escucha a los ciudadanos, por eso, también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho, como podría ser a través del impuesto predial o del recibo de agua potable”.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para este año, el Ejecutivo tenía planeado recaudar por ese derecho 238 millones 811 mil 521 pesos.
No obstante, también dijo que “sin bajar la guardia un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad, sin embargo, ésta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración”.
Más con menos
“Seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas, que es su seguridad. La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. Así me lo han pedido y así lo haré”, manifestó acompañado por la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.
Ante el Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira; la Secretaria de Finanzas, Olga Rosas Moya, y el director general de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Juan Carlos Rosel Flores, el mandatario detalló que anteayer, en su viaje a la Ciudad de México, se reunió con Bartlett Díaz, quien le informó que no era viable el cobro y que posteriormente se lo notificó de manera oficial.
“El resultado de esa reunión nos encaminaba a un conflicto jurídico entre el Gobierno Federal y el gobierno estatal, ya que como Estado soberano estamos en nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes”, indicó.
“Sin embargo, como ustedes saben, la convicción de esta administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles, sino resultados tangibles. Estamos convencidos de que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales, sino en nuestras calles y hogares. La defensa del estilo de vida de los yucatecos no merece atrasos ni distracciones”, dijo.
“Megamarcha”
Cabe anotar que los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat habían dicho públicamente que, una vez implementado el cobro de ese derecho, lo habrían de combatir jurídicamente; asimismo, organizaciones sociales estaban programando una “megamarcha” para protestar contra ese derecho.
Luego de lo anunciado, el mandatario dijo que instruyó al Consejero Jurídico, Mauricio Tappan Silveira, a que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos. Se trataría de promulgar un decreto que cancele lo que contiene la Ley de Ingresos.
Vila Dosal dijo que, además, instruyó a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta administración; los yucatecos seguirán disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados. Todos los apoyos y los servicios se seguirán otorgando y mejorando.
“Específicamente, he ordenado que ningún mando medio y superior de este Gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática, que no tenga que ver con prestación de servicios básicos y que se amplíen, en general, las medidas de ahorro presupuestal tomadas en esta administración”.
El recorte
“No será fácil, pero la seguridad de las familias yucatecas bien vale este esfuerzo adicional de parte del Gobierno del Estado. El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el 2020 se elaboró con base en un diagnóstico en el que se alertaba, con claridad, que la Federación había dejado de enviar recursos que, en términos reales, ascendían a 3,860 millones de pesos. Sin embargo, superaremos este reto con eficacia, disciplina financiera y transparencia”.
Afirmó que la seguridad de las familias yucatecas es tan importante que no podemos permitir que sea rehén de intereses mezquinos o víctima de intereses políticos.
“Reitero que no hay tiempo que perder en litigios ni en confrontaciones estériles, en las que nadie gana. Estos son tiempos de cambio y la transformación de Yucatán no puede esperar”.
Al principio de su mensaje, dijo que la seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. No podemos bajar la guardia, sobre todo en un entorno como el actual, donde el año 2019 fue el más violento para el país en su historia. Muchos de los Estados de nuestro país sufren un grave incremento de sus índices delictivos, y no podemos dejar que la tranquilidad que caracteriza a Yucatán se vea afectada.
También recordó que ese derecho fue aprobado por la gran mayoría de los diputados del Congreso, representantes de todas las fuerzas políticas que ahí coinciden: PAN, PRI, MORENA, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza. Todos ellos, en una decisión responsable, consideraron necesario tomar medidas extraordinarias.
Participación activa
Además de que aseguró que en todo este proceso, el Gobierno del Estado no ha caminado solo: siempre ha estado acompañado por ciudadanos que, por primera vez en la historia reciente de Yucatán, tienen la oportunidad de participar activamente en la construcción de nuestro futuro.
Pero –advirtió– este es un gobierno que se ha caracterizado en promover la participación ciudadana y en abrir espacios a la sociedad; somos un gobierno que escucha, sensible a los problemas de los ciudadanos, ya que estamos convencidos que la transformación la logramos juntos, solamente juntos.
(Rafael Gómez Chi)