Jorge Franco Cáceres
La pobreza crónica y degenerativa que se impuso en México desde el sector laboral durante 36 años de dictadura tecnocrática de interés transnacional, tipifica actualmente un verdadero crimen social.
Se trata de ese tipo de crímen masivo que deteriora drásticamente las condiciones de vida, la salud, la alimentación, etc., y que, incluso, causa la muerte a muchísimas personas. Todo debido a que los poderes estatales consideran que es una condición indispensable para la reproducción ventajosa de los intereses de las élites de la sociedad capitalista.
El crimen en cuestión es imputable a las autoridades hacendarias, las organizaciones sindicales, los partidos políticos pero, especialmente, a los Gobernadores del Banco de México y a los Secretarios del Trabajo de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Carderón y Enrique Peña Nieto.
Hablamos, por un lado, de los casos de Miguel Mancera Aguayo (1 de abril de 1994-31 de diciembre de 1997), Guillermo Ortiz Martínez (1 de enero de 1998-31 de diciembre del 2009), Agustín Carstens Carstens (1 de enero del 2010-30 de noviembre del 2017) y Alejandro Díaz de León Carrillo (1 de diciembre del 2017) como Gobernadores del Banco de México.
Por otro lado, hablamos también de los casos de Arsenio Farrel Cubillas y Manuel Gómez Peralta (1988-1994); Santiago Oñate Laborde, Javier Bonilla García, José Antonio González Fernández y Mariano Palacios Alcocer (1994-2000); Carlos Abascal Carranza y Javier Salazar Sáenz (2000-2006); Javier Lozano Alarcón y Rosalinda Vélez Jiménez (2006-2012), y Alfonso Navarrete Prida y Roberto Campa Cifrián (2012-2018), como Secretarios del Trabajo.
Con tales gobernadores y secretarios, las élites neoliberales consiguieron los más altos índices de pobreza crónica y degenerativa por todo México. No lograron nada ante el índice inflacionario, el tipo cambiario, la tasa de crecimiento y la productividad laboral. Tantos abusos contra los derechos sociales y los contratos laborales, sólo ocasionaron el crecimiento de la inseguridad territorial e, incluso, de la violencia terminal.
Fueron 36 años en los que, desde el Banco de México y la Secretaría del Trabajo, la pobreza crónica y degenerativa se impuso como crimen social al bienestar individual del trabajador, al biestar familiar de los jefes trabajadores y al bienestar social de los trabajadores. Sucesivos decretos gubernamentales, leyes estatales y acuerdos internacionales, etc., procedieron para contener los salarios, impedir los derechos, eliminar las seguridades y condicionar las atenciones.
Durante todo el periodo, el sector capitalista contó con los gobernadores y los secretarios señalados para evadir las discusiones de contratación colectiva y permanencia laboral, rechazando también las negociaciones laborales y salariales e imponiendo montos unilaterales. Lograron imponer condiciones de pobreza crónica y degenerativa que llevaron a los trabajadores a creer que no podían tener esta calidad sin autorizaciones de los empleadores y contratante.
Gobernadores del Banco de México y Secretarios del Trabajo defendieron también los argumentos tecnocráticos sobre los innecesarios consentimientos contractuales de los trabajadores en cuestiones laborales y salariales de las empresas y las industrias, manteniendo al trabajo en un callejón sin salida para mejorar radicalmente las condiciones de vida personales y familiares.
No cabe duda que, actualmente, no sólo proceden los juicios administrativos por corrupción mafiosa y enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, sino también los juicios políticos por el crimen social de empobrecimiento masivo debido a los privilegios empresariales y las presuntas ventajas competitivas.
Desde luego que plantear la procedencia de tales juicios, ocasionará escenificaciones patéticas de las oposiciones reactivas en el Congreso de la Unión, debido a que sus representantes fueron cómplices de las disminuiciones salariales en términos reales, de las corruptelas sindicales para las privatizaciones, de las eliminaciones de derechos laborales, etc. Defendieron los privilegios de las élites neoliberales de imponer el crimen social de la pobreza extrema como una preesunta forma ventajosa de economía y cultura por todo México.
Uno de los principales retos en el planteamiento del crimen de la pobreza crónica y degenerativa, es distinguir claramente sus causas en el sector laboral y sus consecuencias en los ámbitos personal, familiar y social. A pesar de todo, está claro que la corrupción gubernamental y la complicidad empresarial han promovido un crecimiennto económico de interés transnacionacional a costa del sector laboral. He aquí el fenómeno que ha sido el máximo incubador de pobreza extrema y masiva por todo México.
El compromiso estatal con los trabajadores, de acuerdo con las leyes, los reglamentos, los acuerdos sociales y otras reglas determinadas por el conjunto de la sociedad, se perdió debido al servilismo neoliberal de los Gobernadores del Banco de México y los Secretarios del Trabajo. En consecuencia, las recriminaciones sociales hacia ellos se encuentran en proceso debido a que se consideran aspectos de interés social e institucional, que son ineludibles para la Cuarta Transformación.
Si la Cuarta Transformación aspira a ser realmente social y a convertirse en histórica, tendrá que proceder por el combate a la pobreza y por la seguridad en el trabajo. Y tendrá que comenzar enviando al pueblo mexicano el mensaje de que quienes causaron el crimen social de la pobreza extrema en México durante la dictadura tecnocrática, no quedarán impunes.