Con el pago de 2 mil pesos y el cumplimiento de ciertas restricciones se daría por extinguida la acción penal por presuntos actos de corrupción contra dos exfuncionarios del Ayuntamiento de Mérida de la actual administración.
La medida fue aceptada por la afectada y por los fiscales adscritos a la Vicefiscalía Estatal Anticorrupción de Yucatán.
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Exfuncionarios del Ayuntamiento de Mérida enfrentan proceso judicial por cobro a ambulantes
Ayer durante la audiencia de vinculación realizada en el Centro de Justicia Penal de Mérida, la juez Blanca Bonilla González, vinculó a los acusados a proceso penal por el delito de concusión, es decir, el cobro de “cuotas” ilegales a vendedores ambulantes en la periferia de Mérida.
Los fiscales especializados en materia anticorrupción presentaron los datos de prueba contenidas en la carpeta de investigación, tras ello solicitaron a la juzgadora el auto de vinculación a proceso judicial.
La juzgadora, tras el análisis de las pruebas los vinculó a proceso judicial, asimismo, ratificó las medidas cautelares que son acudir a firmar, estar bajo vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
Se le concedió tres meses a la Fiscalía para el cierre de la investigación complementaria.
Luego la defensa solicitó a la Juez la suspensión condicional del proceso, esto al ser un delito no grave, sin embargo, para ello las partes involucradas deberían estar de acuerdo.
La juzgadora preguntó a la víctima y a los fiscales de la Vicefiscalía estatal anticorrupción si estaban de acuerdo con la petición de la defensa.
Al no haber oposición la Juez Bonilla González, analizó el caso y determinó la suspensión condicional del proceso, es decir, extinguir la acción penal a cambio de cumplir algunas medidas.
La juzgadora, indicó que entre ellas estaban el pago de 2 mil pesos, residir en un domicilio fijo, prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y al de los testigos, prohibición de acercarse a la Dirección de Mercados, así como someterse a la vigilancia del Centro Estatal de Medidas cautelares.
Las medidas las tendrían que cumplir durante seis meses, luego de ese tiempo se realizará una nueva audiencia para dar por concluida la acción penal.
De acuerdo con los datos que dieron pie a la acusación entre noviembre del 2018 y octubre del 2019, los acusados, cobraban una cuota a vendedores ambulantes para permitirles ofrecer sus productos en la vía pública.
Luego de protestas en el Palacio Municipal, se inició una investigación la cual duró poco más de 10 meses, sin embargo, en 144 horas se dio por terminado el asunto legal.
Por David Chan Caamal