¿Qué pasa cuando las personas que cometieron algún delito cumplen con el castigo impuesto y socialmente aceptado? Quienes tienen una familia que los acoja, regresan a su núcleo, quienes no, enfrentan un panorama aún más sombrío, la calle y en algunos casos, la reincidencia. Una persona que salió de prisión tiene más complicado conseguir un trabajo y, contrariamente a lo que las leyes mexicanas estipulan, las personas que quedan, no necesariamente logran una reinserción social exitosa, señalan especialistas.
El artículo 18º de la Constitución estipula que el “sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”, sin embargo, desde la perspectiva de Sofía González Talamantes, coordinadora de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta AC, esto no funciona así en la práctica.
“Aunque contamos ya desde el año 2016 con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es un logro, aún nos falta muchísimo, no debemos pensar en la prisión como tratamiento, la prisión no cumple con su finalidad que es la reinserción de los ciudadanos. Por el contrario es la misma sociedad la que condena nuevamente, a pesar de haber purgado su sentencia, una persona que sale de prisión, tiene muchos estigmas y nos enfrentamos ante la doble moral”, por un lado exigimos justicia, por el otro, le negamos oportunidades a quienes ya han cumplido su condena. La entrevistada apela a una profunda reflexión en este tema.
La reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero cuestiona el criminólogo Israel Regino Barajas, “¿es ese tipo de reinserción social la que queremos?, ¿se logra encarcelando o castigando? Pues obviamente no, así ningún migrante legal o ilegal podría adaptarse a una nueva cultura o relaciones sociales”.
Al hacer esta comparativa, Barajas señala que hablar de reinserción es imponer un tipo de sociedad, grupo social y relaciones sociales específicas a ciertos humanos, por lo cual el conflicto surgiría cuando la “reinserción” debiera ser en otro sentido, es decir que no regrese al mismo ambiente para que en realidad haya un cambio en la persona.
Todos los grupos sociales establecen reglas y bajo ciertas circunstancias, también intentan aplicarlas. Estas reglas sociales definen las situaciones y comportamientos considerados apropiados, diferenciando las acciones “correctas” de las “equivocadas” y prohibidas. Cuando la regla debe ser aplicada, es probable que el supuesto infractor sea visto como un tipo de persona especial, como alguien incapaz de vivir según las normas acordadas por el grupo y que no merece confianza. Es considerado un forastero, un marginal, término que acuñó el sociólogo Howard Becker.
Incluso va más allá, pone el dedo en la llaga al identificar que “nadie observa a los delincuentes que no están en la cárcel, que son muchos, que no se les criminaliza, no aparecen en las estadísticas, ni están en la cárcel. A estos ni les falta el dinero ni les falta educación, por el contrario, grandes riquezas y buena educación formal son condiciones necesarias para sus delitos”, desde su perspectiva la criminalización sigue siendo para los estratos más pobres de la población.
En este sentido, González señala que es importante “cuestionar el objetivo de la prisión”, mientras que para Barajas, valdría la pena incluso repensar la política punitiva y se pronuncia a favor de abolir la penalidad que impera hoy día “los abogados quieren transformar conductas sociales tan diversas como lo son los delitos con un solo remedio: el castigo, es decir, la consecuencia jurídico-penal es la misma para quien roba por hambre y para quien falsifica una factura, un claro absurdo”.
¿La mente impediría una reinserción?
Para el psicólogo forense Paulino Dzib, hablar de reinserción, es remitirse a dos aspectos fundamentales, el biológico y el ambiental. Quien por algún desorden genético sea un psicópata, es decir, que no sea empático, sepa que con su comportamiento daña, pero no tiene la voluntad de omitirlo, puede ser tratado farmacológicamente, sin embargo para quien tiene una psicopatía grave, sería prácticamente imposible lograr una reinserción, esta condición únicamente se da en un rango del 3 al 7 por ciento de la población recluida en el estado de Yucatán.
“Se pueden reinsertar a ciertas personas”, si llevan un tratamiento adecuado, y son constantes en su prescripción, “es posible trabajar con ellos porque hay madera para hacerlo”. Lo importante es trabajar en los impulsos de la persona “que la desvían en delitos”, aunque recalca, habrá psicópatas que jamás delinquirán.
Por otro lado tenemos las características sociales que abarcan aspectos ambientales, es decir el ambiente donde se desarrolla la persona, la familia. Y es justamente el núcleo principal en donde se puede advertir de conductas clave para identificar a potenciales delincuentes desde la niñez: robar, incendiar y golpear. Incluso niños con TDH gran sin atender, incluso el abandono escolar en la primaria o secundaria, al llegar a la edad adulta pueden tener problemas con la delincuencia.
Desde su punto de vista, en Yucatán hay una buena cifra de reinserción y esta se debe a que la población privada de la libertad es en su mayoría local, únicamente hay registro de que los extranjeros componen hasta el 5 por ciento del total. Reconoció que es debido a los programas que se manejan al interior de los Centros de Reinserción Social (Cereso), que hace énfasis en la educación que reciben al interior y a los programas para aprender oficios.
Las secretarías se desentienden
Las autoridades no se involucran, desde la experiencia de González Talamantes de Documenta, advierte que en muchas ocasiones las Secretarías que son corresponsables de la reinserción no tienen en el radar la construcción de programas que abonen en este sentido, “en ocasiones hemos llegado a hablar con algunas de las secretarías involucradas por ley, como la de salud, cultura y deporte y no están enteradas de que eso también les corresponde”.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “una política criminal que enfatice las largas sentencias de prisión nunca ha tenido más efecto que saturar el sistema penitenciario a costos materiales, económicos y humanos injustificables”, por ello avalan el seguimiento de las Reglas Nelson Mandela, que prevé proporcionar recursos económicos o en especie para que las personas liberadas puedan regresar a su lugar de origen, tengan la ropa adecuada y alimentos mientras consiguen emplearse.
Programas postprisión
En este sentido, la Dirección de Servicios Postpenales del Estado, brinda apoyo a quienes, acorde con su situación económica y familiar, requieran de herramientas para reintegrarse a la sociedad. Cada mes reciben la lista de personas quienes serán puestas en libertad y se entrevistan con ellos para comentarles de los servicios que ofrecen, entre los que están: despensas (de tres a 12 meses como máximo), atención psicológica (obligatoria para adolescentes independientemente del delito que hayan cometido, y para adultos que hayan sido condenados por delitos de violencia, violación y homicidio), atención jurídica y laboral con el fin de que encuentren un oficio para evitar reincidir.
Roger Antonio González Herrera, director de los Servicios Postpenales en Yucatán, reconoce que las personas salen con un estigma, están socialmente en desventaja y prácticamente todas las empresas tienen reservas para contratar a quienes han cometido un delito y han pagado su pena corporal. Para él esta discriminación más que una modificación legal, debe ir en el sentido de una responsabilidad social por parte de los empresarios.
De la misma manera lamentó el recorte presupuestal de la dirección a su cargo, del 80 por ciento respecto al año anterior, que fue de 600 mil pesos. El compromiso es tal, que pese a la falta de recursos, ellos continúan brindando los servicios.
La mayoría de las personas que salen de prisión deben autoemplearse debido a la restricción tácita de muchas empresas “carta de antecedentes no penales”. El nuevo programa de Apoyo a liberados se da en especie, generalmente para la adquisición de herramientas para trabajos de carpintería, soldadura, jardinería, urdido de hamacas, o para poner negocios como cocinas económicas o estéticas y barberías. Durante 2019 otorgaron este tipo de apoyos a 168 liberados.
“Antes de la pandemia, estábamos trabajando en concretar un convenio con empresas para que faciliten la contratación de personas liberadas, pero no se pudo concretar nada, nos frenó, nosotros estamos poniendo las manos al fuego por ellos, quienes tienen aptitudes y una familia que mantener”. Reconoció que al menos las empresas que reciben apoyos del gobierno deberían apoyar con esta responsabilidad social, porque un lugar seguro es aquel en donde no hay reincidencia y las personas que se equivocaron, puedan volver a ser productivos socialmente.
Por Karla Regina Aguilar