La representante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, Teresa Denegre-Vaught Charruf, se sumó a las voces de inconformidad en contra del diputado Feliciano Flores Anguiano, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, que el pasado 18 de marzo sometió a votación una propuesta anteriormente presentada por el legislador Mario Mata (PAN, Chihuahua) y apoyada por el PRI de Tamaulipas, para que se mantenga la actual Ley de Aguas Nacionales, añadiendo una “Ley General de Aguas” que considera es de muy limitado alcance.
De esta forma, Flores Anguiano hace caso omiso a la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente elaborada por el grupo parlamentario de Morena, la iniciativa del Grupo Parlamentario del PT y las propuestas formuladas en la propia Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, dijo la fundadora de Mundo y Conciencia, A.C.
Estas iniciativas y propuestas –explicó– fueron fundamentadas con base en procesos ampliamente participativos que se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país. Cabe señalar que la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales fue uno de los temas consensados en los 35 Foros Estatales organizados por la propia comisión.
Pero el acuerdo promovido por Mario Mata y Feliciano Flores intenta tirar por la borda los avances hacia la Ley General de Aguas consensada que se presentaron el 28 de septiembre ante el relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y ante los titulares de las Comisiones Dictaminadoras nombrados por la Legislatura integrada por el mismo diputado Flores Anguiano, Roberto Rubio (presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados), la senadora Ana Lilia Rivera (presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos de la Cámara de Senadores) y la senadora Gloria Sánchez, secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
Dijo que a 9 meses de entregarle en la mano al diputado Feliciano Flores Anguiano la iniciativa ciudadana Ley General de Aguas, junto con 198,127 firmas de ciudadanos el pasado 4 de febrero del 2020, ésta no ha sido dictaminada, así como las iniciativas de los otros promoventes resultado de foros, congresos y talleres, que piden respetar la naturaleza y el agua, prohibir la privatización para explotar el agua y su democratización para la soberanía alimentaria.
Por ello, no está de acuerdo que de manera precipitada y sin cuidar la técnica legislativa se intente llevar al pleno de la Cámara una iniciativa que no cumple con los requerimientos que garanticen el derecho humano al agua de manera equitativa y sustentable, construida a partir de procesos participativos de la ciudadanía en conjunto con autoridades en los tres niveles de gobierno.
Por lo tanto, dijo que desde los pueblos originarios y la ciudadanía exigirán que se respeten los resultados del largo proceso de trabajo en la Ley General de Aguas y, al mismo tiempo, condena las iniciativas regresivas de legisladores que buscan más de lo mismo, simulando que han legislado sobre el agua.
Como ejemplo, dijo que en el esquema básico de mercados del agua, la Ley Mata-Flores busca imponer sobre las aguas nacionales un sistema de concesiones, objetos de transacciones de compra y venta.
Mientras que en la Ley General de Aguas consensada se busca recuperar la rectoría del Estado al no permitir su compra y venta, y al utilizarlos como instrumentos de planeación encaminadas hacia la sustentabilidad con equidad.
Para corregir el sobre concesionamiento, en la Ley Mata-Flores no hay manera de extinguir ni de prevenir la compra-venta de concesiones otorgadas en exceso a la disponibilidad.
Mientras que en la propuesta de la LGA consensada se obligaría a la Conagua a disminuir los volúmenes excesivos concesionados a grandes usuarios hasta recuperar aguas superficiales y subterráneas en cantidad y calidad.
Respecto a cómo se priorizan usos y usuarios en la Ley Mata-Flores, la Conagua otorga concesiones en orden de solicitud; cuando ya no hay disponibilidad, sólo se puede lograr acceso a través de la compra de concesiones.
En tanto que en la LGA garantizaría agua de calidad para consumo humano y para suficiencia alimentaria. Otros volúmenes serían concesionados, según las prioridades determinadas por cada región.
Respeto por los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios, en la Ley Mata-Flores no hay mención de pueblos indígenas y en la LGA sí hay respeto al derecho de los pueblos al uso prioritario y la administración de las aguas en sus territorios.
Respeto por derechos de núcleos agrarios, en la Mata-Flores desconocen los derechos por decreto presidencial y, en su lugar, se exige obtener concesiones caducables; ejidos y comunidades pierden control sobre sus aguas en los Distritos de Riego, cuando en la LGA sí reconocería los derechos al agua de los núcleos agrarios sin necesidad de concesión.
En relación a cómo se prepara para las incertidumbres de la crisis climática, las concesiones a particulares serían hasta de 30 años, renovables, resultando en rigideces incompatibles con escenarios de incertidumbre, además de que no hay planeación territorial para lograr seguridad frente a sequias e inundaciones, cuando en la LGA se podrán ajustar volúmenes y condiciones particulares de concesiones para adaptarse a las necesidades locales. Así como planes vinculantes protegerían a la población y fortalecerían la capacidad del territorio de manejar extremos climáticos.
Por lo que se refiere al control de la contaminación, en la propuesta del diputado panista dice que sólo se requiere permiso de descarga en algunos casos, se cobran derechos por superar volumen permitido de contaminantes con un descuento por descargar en aguas menos contaminadas y los derechos cobrados no cubren costo de inspección y sanción y, por ende, prevalece la impunidad.
Cuando en la LGA el permiso de descarga formaría parte integral de la concesión, las descargas tendrían que cumplir con metas para la eliminación progresiva de la contaminación. El incumplimiento resultará en la no renovación de la concesión y la Conagua demandaría a concesionarios contaminadores para que restauren comunidades y ambiente afectados.
Con información de Víctor Lara Martínez