Han transcurrido seis meses y hasta el momento la demanda puesta por la profesora María Guadalupe Pech Solís aún no se resuelve, la ciudadana de Progreso que sufrió torturas por parte de la policía local, exige al alcalde Julián Zacarías Curi, una disculpa pública por manchar su nombre y el de su esposo, así como el regreso de sus pertenencias.
Como publicó en su momento este rotativo, el pasado junio la maestra y su esposo Rony Gonzalo Torres Mena fueron privados de su libertad, golpeados y torturados.
Todo esto sucedió porque los elementos de seguridad confundieron a Torres Mena con otro sujeto que estaba siendo buscado por asesinar a un policía.
A esto se añade que Pech Solís perdió su embarazo de semanas por el maltrato de los elementos policiacos de Progreso, quienes la violentaron.
“No es justo que traten a la gente de esa manera, le pido al alcalde que nos ofrezca una disculpa, que se paguen los daños y que castiguen a la gente que nos golpeó”.
Entrando en contexto: los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio cuando el esposo de
María fue a la tienda a comprar un refresco. Pero al momento de retornar a casa un convoy lo empezó a perseguir y aceleró con tal de llegar a la puerta de su predio.
Logró estacionarse en su domicilio, pero los uniformados lo interceptaron y sin poder entablar una plática sobre el porqué de la detención, los policías lo sometieron y se lo llevaron detenido entre forcejeos.
“Recuerdo que alcance a escuchar ruido y salí para ver lo que estaba pasando, pero sólo encontré la camioneta abierta y por un momento pensé que mi esposo había chocado”: dijo María.
Minutos más tarde la policía acudió a su domicilio para posteriormente llevarla detenida también: “no sabía lo que estaba pasando, llegaron de una manera prepotente y al querer encararlos me tiraron al piso y comenzaron a golpear”, agregó.
Al ser agredida en el suelo un elemento la pateó en el vientre y eso le causó perder a su bebé. Al final, la policía no encontró pruebas y la pareja fue puesta en libertad, pero los golpes, tortura y la pérdida de su embarazo fue el precio que tuvo que pagar María por unos elementos que no hicieron su trabajo de forma correcta.
Se visitó a la afectada en su domicilio para saber cómo iba el caso de la profesora Pech Solís y esto fue lo que nos comentó: “seguimos esperando que la Fiscalía del Estado haga bien su trabajo y solucione este conflicto que afectó a mi familia”.
“Por el momento estoy al pendiente de cualquier indicación de nuestro abogado de confianza. Las diligencias correspondientes ya están hechas tanto en la Fiscalía como en la Codhey”, prosiguió.
En cuanto a la pérdida de su bebé informó: “después de todas las agresiones que recibí fui al ginecólogo y el diagnóstico indicó que presenté todos los síntomas de un embarazo, al cien por ciento no se puede saber porque llevaba un par de semanas, pero el sangrado que tuve después de ser golpeada en el vientre no fue normal y eso lo consideró el especialista como un aborto”.
María Guadalupe busca esclarecer los hechos ocurridos, que se le pague los daños, el castigo a los policías y una disculpa del alcalde Julián Zacarías porque en su momento declaró en un escrito que la progreseña no fue golpeada y llevada detenida.
Además expuso que hasta el día de hoy su camioneta sigue detenida y le piden 50 mil pesos para que salga del corralón.
“Es inaceptable lo que me están pidiendo, ellos se llevaron la camioneta a la fuerza y de encima mis pertenencias como celular, zapatos, ropa, entre otras cosas que tenía en mi vehículo”, subrayó.
María y Rony viven preocupados por las posibles represalias que la autoridad pudiera ejercer contra su familia, pero confía que su licenciado pedirá lo justo para que limpien su nombre.