Julián Zacarías Curi, presidente municipal de Progreso, podría ser destituido del cargo y disolverse el Cabildo como ha sucedido con base en los antecedentes del Estado de Tabasco y una Delegación Pública de México, y afrontar un juicio político de no realizar el pago de aproximadamente 100 millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) por falta de prestación social a 130 de 700 burócratas municipales de la administración, plazo que vence el día 10 de diciembre.
Así lo declaró ayer martes por la tarde Lincoln Palma Rodríguez, representante legal del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que tiene más de dos décadas de laborar para la administración municipal.
Abundó que: “el Ayuntamiento de Progreso deberá realizar este pago teniendo como plazo el día 9 para la inscripción al Isstey de 130 de los más de 700 trabajadores sindicalizados de la administración municipal”,
“Tal como lo marcan los organismos del gobierno municipal para los burócratas municipales, después de ser decretado el laudo a favor de los agremiados y de no acatar el Ayuntamiento tendría incursión de desacato de no cumplir lo acordado en el dictamen”, dijo.
“Debido a que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios ha notificado al Ayuntamiento de Progreso el laudo a favor del Sindicato de Empleados y Obreros del Municipio de Progreso de la (CTM), donde se estipula el plazo de diez días hábiles para dar de alta a los burócratas municipales después de las dos demandas de los trabajadores ante el Isstey, después del acuerdo con la resolución del amparo por parte del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito”, señaló.
“De no realizarse, la autoridad correspondiente comenzará con la aplicación de medidas, en primera instancia con la de multas económicas con incremento hasta llegar al delito de desacato”, expresó.
“La Comuna ha agotado todos sus recursos legales para no cumplir con esta obligación con los burócratas municipales, de ser necesario se acudirá ante un juez de distrito pidiendo medidas drásticas, que podrían llegar a la destitución de todo el Cabildo porteño”, agregó.
Dijo el representante legal externo que los antecedentes citan que “Manuel Cortés Góngora (+), en su calidad de secretario general de la CTM, promovió una denuncia ante su hermano José Isabel Cortés Góngora, entonces presidente municipal de Progreso, por la falta de seguridad social de los burócratas municipales, llegando a un acuerdo bajo la asesoría de Daniel Rocher y Freddy Santos para contener la problemática, pero se ha perdido el juicio que ahora afronta Julián Zacarías Curi en su calidad de alcalde, quien según el declarante tiene como asesores legales a Lino Magos, Eva Antuña y Alejandro Barrera, además de contar con los protocolos establecidos para la aplicación del proceso legal”, continuó.
El apoderado legal hizo llegar la documentación del Expediente 169/2016 presentado por Fanny Alejandra Pérez López y otros contra el Ayuntamiento de Progreso, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.
Por Julio Jiménez Mendoza