El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana, expresó ayer su preocupación ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en el país y en la Entidad e hizo un llamado a que se haga justicia, se castigue a los agresores y se repare integralmente a las víctimas, ya que solo así se podrá garantizarles su derecho a una vida libre de violencia.
El funcionario rindió ayer su informe 2019 ante los diputados del Congreso del Estado y, desde la tribuna, dijo que se debe entender que en la violencia que se ejerce en contra de la mujer el enemigo a vencer no es la violencia en sí misma, sino las causas estructurales que la motivan, como son la prevalencia de estilos de crianza machista, la falta de oportunidades educativas para niñas y mujeres, la reproducción de estereotipos de género sexistas que denigran a la mujer y, en general, cualquier acción que permita o tolere la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Hizo un llamado a las autoridades a investigar las causas que originan estos actos y los delitos cometidos contra mujeres, en aras de que prevalezca la prevención y se reduzcan las expresiones extremas de violencia que ponen en riesgo la integridad física y la vida de muchas mujeres.
“En la medida que se haga justicia, se castigue a los agresores y se repare integralmente a las víctimas, podremos garantizar para las mujeres su derecho a una vida libre de violencia”, expresó.
El funcionario rindió ayer un largo informe ante los legisladores y destacó que en el año que se informa se registró un incremento de 20% de solicitudes de atención respecto al año pasado, al alcanzar un total de 4 mil 294, un promedio de casi 12 solicitudes de servicio diarias.
De las 4 mil 294 solicitudes de atención, 1,980 fueron orientaciones, 1,783 gestiones y 446 quejas. Se emitieron 32 recomendaciones dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, así como a la Fiscalía General del Estado.
Los más señalados
Los hechos violatorios más recurrentes durante el periodo que se informa fueron: prestación indebida del servicio público; detención arbitraria; lesiones; amenazas; robo; allanamiento de morada; tratos crueles, inhumanos o degradantes; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad; violación a los derechos de los niños, y retención ilegal.
Las diez autoridades más señaladas por los quejosos fueron: Secretaría de Seguridad Pública; Ayuntamiento de Kanasín; Secretaría de Educación; Fiscalía General del Estado; Ayuntamiento de Progreso; Secretaría de Salud de Yucatán, así como lo ayuntamientos de Mérida, Motul, Muna y Umán.
Detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 196 medidas cautelares a un total de 34 autoridades, de las cuales 149 fueron aceptadas, es decir, el 76% de las medidas dictadas.
Se interpusieron ante el Ministerio Público 10 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.
Se emitieron 32 recomendaciones dirigidas a un total de 24 autoridades. Las cinco más recomendadas fueron: Secretario de Seguridad Pública del Estado, 11; Fiscal General Estado, 7; Presidente Municipal de Tekax, 5; Ayuntamientos de Panabá y Dzilam González, 2 cada uno.
Centros de salud y cárceles
El titular de la Codhey habló en su exposición de las condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles públicas de los 106 municipios de la entidad.
De las supervisiones realizadas a 120 centros de salud, de los 138 ubicados en los diversos municipios y comisarías de la entidad, se encontró: falta de personal; de equipos médicos; medicamentos e insumos; de mantenimiento de sus instalaciones, y de los equipos médicos existentes, entre otros.
Los centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, son los ubicados en Cenotillo; San Ignacio y Chelem, comisarías de Progreso; Caucel, comisaría de Mérida; Sotuta; Hunucmá; Umán; X’Canchakán, comisaría de Tecoh; Libre Unión, comisaría de Yaxcabá; Sanahcat, San Francisco, comisarías de Tinum; Tahdziú; Tahmuy, comisaría de Valladolid, y Sisbichén, comisaría de Chemax.
Los centros que reportaron mejores condiciones están en Chichimilá; X-Ualtez, comisaría de Espita; Temozón; Sisal, comisaría de Hunucmá, y Chuburná Puerto, comisaría de Progreso.
En el programa de supervisiones, se realizaron visitas a los hospitales públicos como el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Hospital General de Tekax, Hospital Materno Infantil, Hospital Comunitario de Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital General de Valladolid, donde también se advirtieron necesidades, tales como insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos, y en algunos casos, la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.
De las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se observó que el 71% de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.
Entre las condiciones que predominan se encuentran: falta de lugares de aseguramiento en buenas condiciones materiales y de higiene; carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas; hay omisiones para notificar a sus familiares sobre la situación jurídica de la persona arrestada y/o detenida, así como el derecho a visitas y llamadas telefónicas; separación de la población arrestada, ya sea por género, por edad o por alguna condición especial; examinación médica; contar con Bando de Policía y Gobierno, así como personal suficiente y capacitado para el desempeño de sus labores, entre otras.
Las 10 cárceles que carecían de las condiciones mínimas de infraestructura son las de Acanceh, Chemax, Chikindzonot, Dzan, Izamal, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab y Yobaín; y los municipios que han realizado cambios de sede y/o mejoramiento de infraestructura, y que han mejorado considerablemente las condiciones, son Buctzotz, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Muna, Opichén, Suma de Hidalgo, Tekax, Tepakán, Tixkokob, Tixpéual, Tizimín y Valladolid.
Megaproyectos
El ombudsman habló de los megaproyectos que se desarrollan en la entidad, de los que dijo que si bien pueden representar un beneficio económico y una fuente de empleo para la población, también pueden ocasionar afectaciones a los recursos naturales y a los pueblos y comunidades indígenas mayas.
“Por lo que es importante que estos desarrollos y megaproyectos, se ajusten a los parámetros de sustentabilidad previstos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y se respete el derecho a la consulta previa, por lo que hacemos un llamado a las autoridades a realizar un ejercicio de ponderación en la prevalencia del derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado”, precisó.
Eficacia y nuevas oficinas
Dijo que, ante el creciente número de casos, la Codhey se ha visto obligada a ser más eficiente y eficaz, sin perder la sensibilidad que se requiere en el trato hacia las personas que acuden a solicitar los servicios, por lo que seguirá impulsando una Comisión con “rostro humano”.
Informó que en los próximos meses la dependencia pondrá al servicio de la ciudadanía, oficinas más amplias y accesibles para brindar en mejores condiciones los servicios, las que también representarán la posibilidad de espacios más funcionales para los colaboradores, quienes día a día enfrentan la tarea de garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestra entidad.
Según se pudo saber, la Codhey estrenará un nuevo edificio cerca de su actual sede y por la que se erogará menos en el pago de renta que el edificio que ocupa actualmente.
También dio a conocer que en días pasados el Ayuntamiento de Tekax otorgó un espacio accesible y funcional para albergar las oficinas de la delegación, ubicadas en dicha ciudad, cuyo funcionamiento también se pondrá en marcha próximamente.
En el informe estuvieron presentes la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo de Jesús Avila Heredia; representantes de organizaciones civiles, personal de la institución y autoridades civiles y militares, así como los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de Campeche y Quintana Roo.
(David Rico)