El abogado y activista Jorge Fernández Mendiburu señaló ayer que el caso de la mega-granja porcícola de Homún que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de suma importancia, pues el máximo tribunal del país tiene la posibilidad de generar nuevos criterios sobre el principio precautorio en materia ambiental y la protección a la salud de la población ante los posibles daños de las nuevas tecnologías.
En el marco de una próxima resolución que debe dar la SCJN sobre este caso, ayer en la Ciudad de México, en el Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se ofreció una rueda de prensa conjunta, en la que participaron representantes de la agrupación Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Greenpeace México y de la agrupación Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Fernández Mendiburu, de Indignación, dijo que este caso fue atraído por la SCJN y hoy está en manos de la ministra Norma Piña y se espera que en breve haya un proyecto de resolución sobre este caso.
Por lo anterior, dijo que es de suma importancia, pues en el entorno por el que atraviesa el país y la Península de Yucatán, de grandes desarrollos y mega proyectos que amenazan en acuífero, la resolución que dé el máximo tribunal será relevante.
Nuevos criterios
Reiteró que la SCJN tiene la posibilidad de generar nuevos criterios sobre el principio precautorio en materia ambiental y establecer lineamientos para que se tome en consideración la precaución como base del derecho ambiental y la protección a la salud de la población ante los posibles daños de nuevas tecnologías.
“Es una oportunidad para que se revisen los criterios internacionales en materia de afectación y daño y derechos humanos”, expuso.
A través de un comunicado, el Equipo Indignación también dio a conocer de la rueda de prensa que se realizó en la Ciudad de México y señala que el juicio de la mega-granja es de importancia para la Península de Yucatán, ya que la reserva de agua dulce más grande de México está siendo amenazada y contaminada por la industria porcícola, pero también saqueada ante diversos megaproyectos de extracción acuífera.
“El aumento de la demanda de carne de cerdo a nivel nacional e internacional ha derivado en el incremento de la producción porcícola en la península de Yucatán. La contaminación de agua y suelo que se produce principalmente, a través de los desechos de los animales, es el principal problema que ocasiona la producción porcina y, en general, cualquier actividad pecuaria”, expuso.
Se expone que en Yucatán, de acuerdo con los reportes obtenidos por la Conapo en 2010, la zona porcícola presenta una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la que puede producir la población humana asentada en ese lugar.
Hasta la fecha son muy escasos los estudios sobre la cuantificación y análisis de la contaminación del agua subterránea relacionadas con las granjas porcícolas. Por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben de actuar de manera urgente y realizar monitoreos periódicos a las descargas de agua de las granjas porcícolas, así como a la calidad del agua de pozos y cenotes aledaños a ellas. Ya que, los proyectos agropecuarios no pueden derivar en la destrucción de la naturaleza ni en la violación a los derechos humanos.
Respeto
Frente a esta situación de las granjas porcícolas, junto con otros megaproyectos que se están documentando y que afectan al agua y al medio ambiente, el Gobierno Federal tiene que garantizar que se respeten los derechos humanos y ambientales, frente a los intereses empresariales y extractivistas.
Fernández Mendiburu recordó que de manera paralela se siguen dos juicios en el Juzgado Segundo y luego de que la empresa PAPO llevara a cabo una “chicanada” legal y un Tribunal Colegiado en materia del Trabajo y Administrativa resolvió que la juez Miriam de Jesús Cámara Patrón, quien dictó la medida de suspensión de funcionamiento de la granja, está impedida de conocer el caso y para ello dicha empresa contrató a Pedro Carbajal Jiménez, un abogado que lleva asuntos personales de la juzgadora.
Lo anterior, dijo, fue una argucia legal para quitar del caso a la juez que ha mantenido una medida de suspensión a la granja.
Ante este escenario explicó que ya se interpuso una petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura federal para que se garantice la independencia e imparcialidad en el juicio por medio del cual la infancia ha solicitado protección a sus derechos a la salud, al medioambiente y como pueblo maya.
Dijo que en caso de que la empresa PAPO solicitara que se levantara la medida de suspensión que actualmente tiene la granja, se solicitaría que la SCJN atraiga esta petición también y la resuelva.
En la rueda de prensa que se llevó a cabo en la Ciudad de México estuvieron Doroteo Hau, de la agrupación Kanan Ts’ono’ot; Lourdes Medina, abogada de Indignación; Viridiana Lázaro, de Green Peace, y Edmundo del Pozo, de la organización Fundar.
(David Rico)