Organizaciones, académicos y activistas demandaron a las autoridades de los tres niveles de gobierno tener una perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada para atender la presente contingencia por la pandemia del Covid-19.
A través de un comunicado, señalaron que esta situación impactará de manera significativa a distintos sectores de la población, pero sobre todo a las personas que sufrirán despidos, a personas trabajadoras informales o en situación precaria, y a quienes verán reducido su salario.
También afectará de manera significativa a las personas que viven en espacios inadecuados o en asentamientos en condiciones precarias o no reconocidos, con servicios carentes o en la calle.
“Si bien no puede señalarse responsabilidad de las autoridades por el surgimiento de esta crisis que afecta a los cinco continentes, éstas sí son responsables de sus acciones y omisiones al momento de definir las medidas para responder al creciente número de casos confirmados. Garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas es fundamental para el ejercicio de otros derechos. En el presente contexto, puede ser un factor de gran importancia para impedir daños irreparables a la salud y a la vida de las personas. De la misma manera es fundamental garantizar políticas sociales adecuadas que enfrenten la crisis”.
Cuatro objetivos
Por lo anterior, a través del documento se exige que se adopten a la brevedad las medidas pertinentes para cumplir con los siguientes cuatro objetivos prioritarios:
1.- Suspender desalojos en todo el territorio nacional y velar que ningún privado aproveche la emergencia para llevarlos a cabo a través de presiones indebidas
Señalan que el desarrollo de la pandemia obliga a que las personas se resguarden en sus hogares para evitar contagiar a otros y/o contagiarse a sí mismas.
En este contexto, la realización de desalojos implica un gran riesgo sanitario que pudiera agravar el escenario. Del mismo modo, la contingencia implicará una disminución en los ingresos de miles de personas y, por lo tanto, su capacidad para realizar pagos a tiempo. Frente a este escenario, los Poderes Judiciales que aún no lo han hecho deben suspender todas las diligencias de desalojo con el fin de evitar aumentar el número de personas en las calles.
Asimismo, el Gobierno Federal y los gobiernos locales de las Entidades Federativas deben garantizar que tampoco se realicen desalojos extrajudiciales, instruyendo a los cuerpos de policía a no participar en ningún tipo de diligencia de esta índole e intervenir ante reportes de desalojos realizados durante esta contingencia. Estas medidas no deben ser interpretadas en el sentido de dejar de realizar todas aquellas diligencias en materia de órdenes de protección o restricción emitidas para asistir a mujeres víctimas de violencia y desalojar sus agresores del domicilio.
Suspensión de pagos
2.- Decretar suspensión en el pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.
Exponen que las afectaciones económicas por la contingencia pudiesen llevar a muchas personas a no estar en condiciones de pagar los alquileres de sus viviendas e incluso de los inmuebles usados para negocios familiares, así como, en su caso, realizar el pago de préstamos y créditos hipotecarios sobre sus viviendas y/o negocios. En este sentido, como se ha hecho en otros países como Canadá, debe reconocerse la necesidad de poderse suspender o en su caso reducir el pago de los alquileres, priorizando y facilitando el acuerdo entre las partes. Esta suspensión de pagos deberá mantenerse hasta superar la crisis sanitaria.
También señalan que, al igual que en otras jurisdicciones del mundo (como Estados Unidos, España e Italia), debe declararse la moratoria al pago de préstamos o créditos hipotecarios, paralizar el cobro de deudas e intereses durante la contingencia a personas, familias y negocios pequeños.
Bajo esta lógica, es importante que el Infonavit adopte medidas similares con el mismo objetivo y así evitar que personas trabajadoras pierdan los beneficios de los que ya sean titulares.
Lo mismo debe realizarse frente a préstamos y créditos hipotecarios de instituciones bancarias privadas. El Gobierno Federal, en coordinación con la Sedatu y la Conavi, deben adoptar esta situación como una crisis de vivienda y, por lo tanto, disponer de los recursos federales necesarios de emergencia para ayudar a la población más vulnerable de desalojo. De manera análoga, debieran reaccionar a nivel local los gobiernos y organismos públicos de vivienda. Para estas finalidades, deben adoptarse las medidas presupuestales y fiscales para lograr estos objetivos.
3.- Otorgar con urgencia alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse, así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo.
Señalan que, durante la contingencia, muchas personas no tendrán dónde resguardarse por vivir en la calle o haber sido recientemente desalojadas.
Los migrantes
Otras, como la población migrante, estará viviendo en estaciones migratorias, refugios para migrantes y solicitantes de asilo que no siempre garantizan las medidas básicas de higiene y la posibilidad de distanciamiento social. Similar ocurre con la población que habita en cárceles. También habrá una gran cantidad de mujeres y menores que se verán obligados(as) a permanecer con su agresor por falta de lugar alternativo para resguardarse. Aunado a ello, se han reportado en los últimos días casos de personas de la comunidad LGBT+ que, al ser rechazadas de sus hogares recientemente, no tienen dónde pasar los días que vienen.
Frente a ello, las autoridades deben otorgar alternativas de vivienda y/o refugios temporales suficientes, toda vez que este tipo de medidas forma parte del derecho a la vivienda adecuada y parte de la política de vivienda reconocida por México.
Debe garantizarse a todos esos sectores mencionados espacios en los que puedan pasar la contingencia en condiciones dignas, salubres, con acceso al agua potable y con todos los cuidados necesarios para que no se vuelvan centros de contagio. Esto incluye, además, adoptar medidas específicas de cuidado y prevención para aquellas personas en situación de calle que no se acercan a los refugios. También habrá que asegurar el acceso al agua potable de calidad y otros servicios básicos a los sectores carenciados así como alimentos.
“Solicitamos así que, tanto a nivel federal como local, se priorice la implementación de política pública de vivienda de arriendo prevista en los artículos 8.XI, 23.X y 38.VII de la Ley de Vivienda, así como en su caso implementen los programas de vivienda emergente establecidos en el artículo 40 de la misma Ley para emergencias”.
4.- Suspender cortes de servicios domésticos de agua y saneamiento, así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos del país en condiciones precarias o no reconocidos.
Garantizar la higiene corporal
Expone el documento que la limpieza corporal, especialmente la de manos, ha sido señalada por autoridades en materia de salud a nivel internacional y nacional como una de las principales medidas para evitar la propagación del Covid-19. Sin embargo, en los asentamientos en condiciones precarias del país decenas de miles de personas carecen de acceso al agua. Es por eso que la Sedatu y la Secretaría de Salud, así como sus homólogas en cada Entidad Federativa, deben garantizar que estos sectores de la población no se vean inmersos en focos de contagio por la imposibilidad de acceder a los servicios más básicos, y a los cuales tienen derecho por formar parte del núcleo esencial del derecho humano a la vivienda adecuada. Asimismo, es vital que los organismos operadores de servicios de agua y saneamiento suspendan sin excepción los cortes de servicios domiciliarios y de centros ofreciendo servicios básicos, como clínicas, asilos, refugios, comedores y baños públicos.
“Urgimos a las autoridades federales, de las Entidades Federativas y municipales a adoptar todas estas medidas para impedir que la crisis de salud de pie a una crisis en materia del derecho a la vivienda y servicios para la vivienda, así como para evitar graves daños a la vida e integridad de los sectores históricamente excluidos. Para efecto de lo anterior, las actividades requeridas para cumplir con estos cuatro objetivos prioritarios deben ser consideradas indispensables en caso de que las autoridades acuerden la suspensión de labores no indispensables de la Administración Pública Federal”, señalan.
El documento está firmado por más de 70 organizaciones y académicos en todo el país.
(David Rico)