Las organizaciones que se oponen al megaproyecto del Tren Maya manifestaron su frustración debido a que por la parálisis gubernamental provocada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y que afecta el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), no han podido concluir sus trámites de sus amparos ante los juzgados de Campeche y Yucatán.
Los interesados denunciaron que, en dos ocasiones distintas, han querido ejercer su derecho de acceso a la justicia, pero eso no ha sido posible debido a las medidas preventivas que fueron instauradas contra la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19) y el caso en referencia no es de extrema urgencia.
En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana, acudió a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya.
Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat , han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación.
Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle.
Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda.
Es decir, los quejosos no recibieron siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.
En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo en contra del acuerdo de fecha 6 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.
Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del Tren de Maya durante el periodo de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que “no era urgente”.
Sin embargo, la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, aunque la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia.
Por Redacción Digital Por Esto!