Yucatán

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Oscar Sabido Santana, señaló ayer que organismos internacionales de derechos humanos han establecido opiniones para determinar que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso que asegure el carácter civil de las corporaciones de seguridad.

El ombudsman dijo que el “acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en apoyo de ciertas funciones de la Guardia Nacional, publicada el 11 de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación; tiene como fundamento el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2016.

Sabido Santana precisó que es deseable la capacitación en derechos humanos y un sistema de formación continua dirigidos a las Fuerzas Armadas, y que en dichas capacitaciones se incorpore un enfoque especial de su participación con las Policías federales y locales en labores de seguridad ciudadana.

Conocimientos jurídicos

Asimismo, resaltó que es de suma importancia proveerles de los conocimientos jurídicos para salvaguardar el derecho al debido proceso.

Además, dijo que en forma continua deberá evaluarse la actuación de las fuerzas militares a fin de garantizar la transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad; pero, sobre todo, exigirles una actuación en la que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos.

Indicó que se reconoce que la fortaleza de las fuerzas militares radica en su formación en valores y virtudes que debería regir el uso de la fuerza, pero debe regularse con base en normas y estándares internacionales para oficiales encargados de hacer cumplir la ley, puesto que la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza a la cual se remite su actuar en estos momentos, se encuentra aún pendiente de resolver sobre su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Remarcó que la Comisión Nacional y las homólogas estatales se mantendrán atentas del actuar siempre apegado a la ley y respetuoso de los derechos humanos, sobre todo de procurar que se garantice su respeto y la seguridad de todas las personas.

(Rafael Mis Cobá)