Política de energías renovables enfrenta a IP y gobierno

Aunque la Comisión Federal de Electricidad precisó que la inversión privada nacional y extranjera continuará en el renglón de las energías renovables por medio del “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, empresarios del Consejo Coordinador Empresarial consideraron que ese documento violenta el Estado de Derecho, atenta contra la legalidad, la libre competencia y el bienestar de los consumidores.

En el caso de Yucatán, la Entidad tiene actualmente una capacidad instalada de 210 megawatts y existen 24 permisos de generación y proyectos en diversas etapas de desarrollo que sumados alcanzarían los 3,500 megawatts con una inversión de aproximadamente 4,500 millones de dólares.

Además, varios inversionistas enfrentan situaciones jurídicas como amparos contra esos proyectos, como es el caso de Jinko Solar en Valladolid.

De acuerdo con estimaciones oficiales, esos proyectos generarían un estimado de 11,000 empleos directos durante la etapa de construcción y cerca de 1,000 empleos durante la etapa de operación.

Muchos de estos puestos de trabajo son especializados, que incluyen a jóvenes provenientes de universidades del Estado de carreras de energías renovables y de las localidades cercanas a los proyectos.

A la vanguardia

Aunque el Gobernador Mauricio Vila Dosal no ha fijado aún una postura sobre el tema de qué sucederá con los parques eólicos y los solares, de concretarse estos proyectos se podría generar casi la totalidad del consumo de energía eléctrica del Estado, lo que pondría a Yucatán a la vanguardia a nivel nacional.

La CFE fijó su postura luego del acuerdo publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación y señaló que “México sigue siendo atractivo en este sentido, con inversiones en proceso en el sector y con un marco de regulación que permita la competencia equilibrada y sin corrupción”.

Según la paraestatal, es fundamental mantener la rectoría del Estado en energías renovables, independientemente de la participación de particulares, nacionales o internacionales.

El plan de fortalecimiento de la CFE mediante la construcción de 24 centrales de generación, a través de una inversión de 8,000 millones de dólares, fomentará la inversión privada, la creación de empleos y contribuirá a la participación de generación renovable futura de manera segura y confiable, dijo la paraestatal.

Mediante el reconocimiento de costos por la penetración de generación renovable variable, la CFE resolverá la recuperación de costos y asegurará la confiabilidad y seguridad del suministro de más de 44 millones de usuarios.

Advertencia del CCE

Pero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que el acuerdo “es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”.

En un comunicado firmado en conjunto con la American Chamber/México y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, explicó que a través de ese instrumento, la Secretaría de Energía usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

“Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías”, señaló.

Las inversiones están en al menos 18 Estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares y “la medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional”.

La medida no sólo discrimina las energías renovables, sino que también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

“Hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a investigar y esclarecer las circunstancias irregulares en las que se publicó el acuerdo, a revocarlo de forma inmediata y a detener esta destructiva campaña de arbitrariedad y manipulación informativa de la Secretaría de Energía”, señaló en el comunicado.

(Rafael Gómez Chi)