Trabajadores de la empresa Ecolsur (Biosistem de México), que fueron despedidos en plena contingencia por COVID-19, interpusieron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán y harán lo propio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, según expuso José Madera Uc, abogado de los afectados.
Como informamos, por lo menos 30 empleados de dicha empresa se quedaron sin trabajo, mientras que al resto de la plantilla laboral fue amenazada con el despido para que aceptaran una reducción de sueldo del 50 por ciento.
Para el litigante, Madera Uc, hay una clara violación a los Derechos Humanos pues a los ahora extrabajadores no sólo se les dejó sin sueldo, sino que recibieron amenazas y tratos degradantes, además de que no contaban con lo necesario para llevar a cabo la labor de riesgo pues se dedicaban al traslado y manejo de residuos peligrosos tóxicos e infecciosos.
Los demandantes acudieron nuevamente a Ecolsur en buscar de una solución, pero de manera prepotente les dieron largas, sin resolverles el problema. En particular, el contador José Manuel Pech Yam les mandó decir que si tenía tiempo los atendería.
Desde las 7 de la mañana el grupo de trabajadores estuvo esperando todo el día una respuesta para que les pagaran lo que en ley les corresponde, pero hasta la tarde no los habían recibido. Por lo anterior, se interpuso una queja vía internet ante la Derechos Humanos.
Además, dijo que también acudirán en breve a la Junta de Conciliación y Arbitraje a interponer la demanda respectiva, pero están buscando los mecanismos para ello toda vez que la contingencia ha dificultado la defensa de los derechos de los trabajadores.
También se acudió a informar de la arbitrariedad al Ayuntamiento de Umán y se entrevistaron con el regidor Gonzalo Canché Cetz, quien ya está al tanto de la situación y analiza el tema para poder apoyar a los afectados.
El abogado recordó que son dos grupos los afectados: los que fueron despedidos sin más, que son más de 20 personas y a las que no se les quiere pagar lo que en ley les corresponde; algunos tenían antigüedad de hasta 10 años, pero les ofrecen finiquitos que están completamente fuera de la ley e incluso muchos no han recibido su quincena por negarse a firmar su renuncia.
Otro grupo son las personas que fueron obligadas a firmar una reducción “voluntaria” de sueldo del 50 por ciento, pero que les dieron mucho menos del monto que debería, además de que a muchos que no aceptaron la reducción también los despidieron.
En total, dijo, suman unas 40 personas las que fueron despedidas y coaccionadas para aceptar, con amenazas, una reducción de su salario del 50 por ciento, a pesar de que la empresa está laborando al cien por ciento y se estaría aprovechado de la situación para despedir a sus trabajadores sin pagarles lo que marca la ley.
El abogado aseguró que de no obtener respuesta positiva por parte de la empresa y que se llegue a un trato que sea benéfico para los trabajadores, se continuará hasta las últimas instancias para que se haga justicia.
Por David Rico