Diversas ONG reiteran su rechazo al Tren Maya

Más de 80 organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas y ciudadanos en general manifestaron su rechazo al Tren Maya, pues consideran que durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y las garantías de la población y se ha violentado el Estado de Derecho, además de los daños ambientales que la obra traerá consigo.

En el marco de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador para poner en marcha las obras del Tren Maya, difundieron un comunicado en el que señalan que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado, como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto y, en este sentido, opinan que la visita presidencial atenta contra el orden constitucional, pues desdeña y desacata órdenes judiciales y del ombudsman, con lo que afecta el delicado balance y equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.

Disminuida actividad

Además –apuntan– el proyecto se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto, apuntan.

Añaden que el megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a las comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 Entidades Federativas, se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo.

Añade que, para este proyecto, no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades, pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación.

Discriminación sistémica

Exponen que decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro.

Además –mencionan–, la actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos pueblos.

El documento señala que, según los mismos informes del Gobierno Federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir, que tampoco contribuiría al desarrollo regional como se ha dado en otros proyectos impulsados por el Fonatur.

Además, menciona que existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya, afirmación que tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio Gobierno Federal.

Se menciona que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo.

Reordenamiento territorial

Entre otras cosas, el estudio señala que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria, sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco Estados afectados por el proyecto.

Y, como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región, así como la diversidad biológica que existe en las cinco Entidades Federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales con la consecuente pérdida de servicios ambientales, como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono.

Lo anterior, señalan, va de la mano con un contexto de despojo de tierras a los campesinos y a que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad.

También el Proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la Península, pues en los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa.

Apoyo inexistente

Otro de los temas que se menciona es que aún y cuando el Gobierno Federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por el Fonatur a través de ONU-Habitat y la Unesco que colaboran actualmente con estudios para el proyecto; sin embargo, esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas.

Es más, se expone que las acciones de ONU-Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el Gobierno Federal.

Se menciona también que el proyecto beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia de la COVID-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general.

Firmantes

El documento está firmado por más de 80 organizaciones, entre las que se encuentran Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; Red de Litigio Estratégico en favor de Comunidades Indígenas y Campesinas de la Península de Yucatán; Diálogo y Movimiento; Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.

También el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; Colectiva K-luumil X’ko’olelo’ob, Poniente de Bacalar; Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí, Valladolid, Yucatán; Red de Resistencia y Rebeldía Jo’; Consejo Indígena Maya de José María Morelos U Yóol Lu’um, entre otros.

(David Rico)