Pedro Oxté Conrado, dirigente de la CROC en Yucatán, dijo ayer que los trabajadores tienen un año para inconformarse contra las empresas que no hayan pagado el reparto de utilidades que por ley se debió entregar el 31 de mayo como fecha límite.
Añadió que, hasta ahora, no ha habido problemas en este sentido con las más de 140 empresas con las que los sindicatos afiliados a la CROC tienen contratos colectivos.
Reiteró que los trabajadores están en su derecho de reclamar esta prestación ante las instancias correspondientes y que los patronos no pueden poner como pretexto la pandemia de coronavirus porque se trata de las utilidades del año pasado.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las empresas que no cumplan esta disposición pueden recibir multas de entre 21 mil a 434 mil pesos.
(David Rico)