Abogados demandan la reactivación inmediata de la impartición de justicia en la entidad, restableciendo el Estado de Derecho y la legalidad en todos los departamentos judiciales, evitando la suspensión y prórroga de plazos jurisdiccionales y de atención al público, luego de que se anunció que se ampliará el retorno a los juzgados del Poder Judicial hasta el 23 de agosto.
Por lo anterior, se ha convocado a través de redes sociales a una manifestación que se llevará a cabo el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado sobre la Avenida Canek.
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Debido a la contingencia, los abogados y litigantes piden a las personas mayores que deseen asistir a la manifestación que lo hagan, pero no se bajen de sus autos y se solicita a los que se sumen usar cubrebocas, y de ser posible, portar caretas, guardando su sana distancia en todo momento.
Consideran que la impartición de justicia es una actividad esencial y que, por ende, las actividades relacionadas a la administración de justicia no deben suspenderse más, ya que, “al ser consideradas como un imperativo social, de no ser reactivadas inmediatamente, conllevaría consecuencias graves en situaciones de extrema urgencia”.
Se menciona que el Poder Judicial de Yucatán ha tomado varias medidas de prevención en el marco de la pandemia por COVID-19, a través de los diversos acuerdos emitidos en el Diario Oficial del Gobierno local, como lo es la suspensión de plazos jurisdiccionales y de atención al público determinado y que han sido prorrogados en 7 ocasiones.
Del 18 al 31 de marzo y posteriormente ampliado hasta el 20 abril, 6 de mayo, 5 de junio, 22 de junio, reactivando en este último la actividad jurisdiccional, con atención al público, cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, ya que dichos juzgados cuentan con los recursos y la infraestructura para funcionar en esta nueva normalidad.
Sin embargo quedó suspendido del 13 de julio al 9 de agosto, prorrogado nuevamente, hasta el 23 de agosto del presente año.
Exponen que si bien es cierto, tales disposiciones han ido acompañadas con la implementación de la consulta de expedientes vía electrónica a través del sitio de consulta “Sirce Web” y de lineamientos para llevar a cabo un retorno ordenado y escalonado a los Centros de Justicia del Estado; como la apertura de las Oficialía de Partes para la recepción de promociones e inicios, estas acciones no han sido suficientes, presentando varias deficiencias en su proceder.
Por lo anterior, el rezago de expedientes y acuerdos por proveer ha ido en aumento, audiencias programadas han sido suspendidas y las diligencias tales como notificaciones, requerimientos y emplazamientos judiciales no se están llevando a cabo.
Entre los puntos del pliego petitorio está la reactivación inmediata de la impartición de justicia en la entidad, restableciendo el Estado de Derecho y la legalidad en todos los Departamentos Judiciales del Estado, evitando la suspensión y prórroga de plazos jurisdiccionales y de atención al público.
Aplicación de mecanismos y herramientas para que se reanuden las actividades jurisdiccionales, mediante el desarrollo de los protocolos de sanidad e higiene que garanticen la seguridad de los servidores públicos, los abogados litigantes y el público en general.
Aplicación de protocolos que garanticen el actuar durante la“Nueva Normalidad”, además de corregir el sitio de consulta “Sirce Web”, a través de la implementación de un soporte tecnológico institucional más actualizado y eficiente.
Reanudar las labores presenciales, permitiendo un aforo por Sala, Juzgado o Unidad Administrativa hasta del 50 por ciento de los servidores judiciales adscritos; el resto continuará laborando a distancia, a disposición de su superior jerárquico.
Evitar el rezago en las actuaciones y actividades propias de la función de todos los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos adscritos al Poder Judicial del Estado.
Poner en marcha el “juicio en línea” en materia civil, familiar y mercantil para el caso de las audiencias que contempla los códigos adjetivos de las materias.
Implementar la utilización de cualquier medio electrónico para programar y realizar cualquier tipo de diligencia tales como notificaciones, requerimientos y emplazamientos judiciales.
Finalmente, coadyuvar con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para la implementación de un sistema de gestión de videollamadas supervisada por el Centro de Convivencia Familiar del Estado.
Por David Rico